01 Octubre 2002 Seguir en 
En el proceso de discusión por un posible aumento de la tarifa de la energía eléctrica se agregó, desde ayer, un nuevo elemento. A través de un decreto firmado por el gobernador Julio Miranda se decidió la formación de una comisión asesora para la renegociación del contrato vigente con EDET.
El Poder Ejecutivo provincial vetó oportunamente una ley que creaba una comisión con iguales características, aduciendo que la norma sancionada por la Legislatura sobre la renegociación de las tarifas no tenía en cuenta la realización de la audiencia pública.
La Ley Provincial 7195 (vetada) se adhería a la Ley Nacional 25561 que obliga a las empresas concesionarias de servicios públicos a renegociar sus contratos de concesión, porque por la Ley de Emergencia Económica no pueden modificar las tarifas "indexando" por ningún motivo.
Tres meses
Ahora, el PE ratifica su adhesión y la reglamenta creando la comisión de renegociación, la que deberá expedirse en un plazo no mayor de 90 días para informar al Poder Ejecutivo.
Esta comisión estará integrada por representantes del Epret; del Ministerio de Economía, y de la Fiscalía de Estado (uno de cada sector). Como invitados participarán el ombudsman, Juan Eduardo Rojas, en nombre de los ciudadanos, y dos legisladores.
Por otra parte, trascendió que el Gobierno pretende que los cerca de 218.000 usuarios residenciales, encuadrados en el primer bloque porque consumen hasta 300 KWh bimestrales -representan el 75% del total del padrón-, no se vean perjudicados por el eventual índice de aumento de las tarifas. Los aproximadamente 72.000 usuarios restantes, que consumen más de 300 KWh bimestrales, encuadrados en el segundo bloque, y que constituyen el 25% del total, pagarían el aumento sobre el consumo que excede los 300 KWh.
El Poder Ejecutivo provincial vetó oportunamente una ley que creaba una comisión con iguales características, aduciendo que la norma sancionada por la Legislatura sobre la renegociación de las tarifas no tenía en cuenta la realización de la audiencia pública.
La Ley Provincial 7195 (vetada) se adhería a la Ley Nacional 25561 que obliga a las empresas concesionarias de servicios públicos a renegociar sus contratos de concesión, porque por la Ley de Emergencia Económica no pueden modificar las tarifas "indexando" por ningún motivo.
Tres meses
Ahora, el PE ratifica su adhesión y la reglamenta creando la comisión de renegociación, la que deberá expedirse en un plazo no mayor de 90 días para informar al Poder Ejecutivo.
Esta comisión estará integrada por representantes del Epret; del Ministerio de Economía, y de la Fiscalía de Estado (uno de cada sector). Como invitados participarán el ombudsman, Juan Eduardo Rojas, en nombre de los ciudadanos, y dos legisladores.
Por otra parte, trascendió que el Gobierno pretende que los cerca de 218.000 usuarios residenciales, encuadrados en el primer bloque porque consumen hasta 300 KWh bimestrales -representan el 75% del total del padrón-, no se vean perjudicados por el eventual índice de aumento de las tarifas. Los aproximadamente 72.000 usuarios restantes, que consumen más de 300 KWh bimestrales, encuadrados en el segundo bloque, y que constituyen el 25% del total, pagarían el aumento sobre el consumo que excede los 300 KWh.







