Exigencias para jardines materno-infantiles

Los cambios que se vienen operando sobre el cuerpo social desde hace muchos años imponen a las mujeres un rol muy diferente del que tenían en tiempos pretéritos. Las madres de familia, antaño dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas, y al cuidado y la crianza de los hijos, salen hoy a ganarse un lugar en el mercado laboral y, por lo tanto, deben dedicar a estas tareas fuera del hogar un tiempo y un esfuerzo que antes estaban reservados exclusivamente a los trabajos propios del ama de casa.
En Tucumán, hace ya mucho tiempo que se ha incrementado la demanda de jardines materno-infantiles, en los que desde bebés hasta chicos de cuatro años son atendidos mientras sus padres cumplen sus obligaciones laborales. Hasta ahora, este tipo de instituciones podía funcionar simplemente con una habilitación municipal otorgada por la Dipsa; en muchos casos, no son atendidas por personal especializado sino por los propios dueños, que suelen no ser docentes de jardín de infantes ni contratan educadores titulados para hacerse cargo de la atención de los menores.
A partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Educación, existirá un nuevo marco legal para el funcionamiento de los 188 jardines materno-infantiles que funcionan en la provincia. La norma indica que se necesitará la aprobación de una inspección de infraestructura, para garantizar que los niños estén en un espacio físico adecuado, y otra pedagógica, para asegurar que la atención que recibirán los menores sea la que conviene a su edad. Existirá un registro en la Secretaría de Educación, y el número de inscripción del establecimiento podrá ser exigido por los padres en el momento de decidir la contratación del servicio para sus hijos.
De acuerdo con lo que dispone el nuevo instrumento legal, se fijarán las funciones pedagógicas, asistenciales y sociales que tendrán las instituciones; y el Estado brindará -a través de los controles pertinentes- las garantías correspondientes acerca de las condiciones edilicias, psicológicas y pedagógicas en las que se desarrollarán las tareas en los jardines maternales.
Estas instituciones estarán obligadas a partir de ahora a contratar personal docente con título y auxiliares docentes, y no podrán tener más de 20 chicos de cuatro años por sala, ni más de 13 niños de entre uno y dos años por cada maestra jardinera.
Resulta preocupante que en la actualidad, sean pocas las instituciones que se ajustan a este encuadramiento legal. Con respecto a los elementos de seguridad, alarma el dato publicado esta semana en LA GACETA sobre la falta de matafuegos y de disyuntores eléctricos en los establecimientos. Sobre 188 jardines maternales, 126 no tienen elementos para combatir el fuego y 37 carecen además de interruptores automáticos de la corriente eléctrica.
Se constató además que 15 de estos establecimientos no cuentan con patio de juegos, ni siquiera cubierto y que en muchos maternales funcionan salas con agrupamientos de chicos de diferentes edades, situación expresamente vedada en la ley que estará en vigencia a partir de este año.
Si bien hay en Tucumán jardines maternales que funcionan de manera satisfactoria, no es menos cierto que otros lo hacen en locales inapropiados y a cargo de personal escasamente entrenado en las tareas específicas. Por eso resulta altamente positivo que el Estado se haga cargo de garantizar las reglas para el correcto funcionamiento de esas instituciones, porque a ellas se les confía lo más preciado que una familia puede tener: la vida y la educación de sus hijos en la primera etapa de su vida.