14 Enero 2007 Seguir en 
El Gobierno puede ahondar más sus diferencias con la Iglesia Católica si avanza con el proyecto de alianza estratégica con grupos evangélicos, que pueden aportar una importante masa de votos a cambio de cargos, y con una ley que equipare los credos en el país.
Pero, además, la integración de evangélicos a las listas del kirchnerismo genera diferencias en la Casa Rosada, donde aseguran que los pastores tienen "demasiadas exigencias" a la hora de sumarse al oficialismo. "Queremos aportar dirigentes al proyecto del presidente (Néstor) Kirchner, pero sin ser usados por la estructura partidaria. A cambio queremos personería jurídica y espacios de participación", le dijo a DyN un vocero de la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Faciera).
El Gobierno analiza con cuidado la movida, dado que los pastores pueden sugerir -y hasta convencer- a sus seguidores por qué candidato votar, algo que no ocurre con los obispos católicos, que dan libertad a sus fieles en materia política. Una sola vez en la historia argentina algunos prelados se reunieron -sin la anuencia del resto de sus pares- para decidir el apoyo a un candidato. Fue cuando alentaron a votar por Juan Domingo Perón, de quien más tarde la Iglesia se tornó en el peor opositor.
Mientras el Gobierno teje su "estrategia evangélica", la cúpula del Episcopado -que encabeza el cardenal Jorge Bergoglio- lleva adelante una ronda de visitas a los organismos de la Curia Romana, donde abundan los comentarios sobre la realidad social, política y religiosa de la Argentina.
En un primer contacto con el número dos del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, y con el canciller de la Santa Sede, arzobispo Dominique Mambertí, la comitiva -que también integran los obispos Luis Villalba, Agustín Radrizzani y Sergio Fenoy- expuso su preocupación por las leyes proaborto que, según entienden en el ámbito eclesiástico, impulsa el Poder Ejecutivo argentino. A modo de ejemplo, los obispos recordaron a sus interlocutores romanos -pudo saber esta agencia- que en 2006 se ratificó un protocolo sobre discriminación de la mujer; se autorizaron la ligadura de trompas y la vasectomía gratuitas, y se dio vía libre a la educación sexual obligatoria en las escuelas.
La Comisión Ejecutiva del Episcopado, que espera que se confirme la audiencia con el papa Benedicto XVI, también alertó sobre otros proyectos que calificó de "inquietantes", como la distribución gratuita de la píldora del día después o la iniciativa sobre igualdad religiosa.
"El proyecto apunta a garantizar los derechos colectivos, al libre ejercicio de creencias y convicciones -sostienen desde el Gobierno-, tal como lo establecen los tratados internacionales".
Ese reordenamiento legal a partir de la derogación de la ley 21.745 desvela al secretario de Culto, Guillermo Oliveri, quien desde el inicio de su gestión aspira a eliminar el Registro Nacional de Cultos, vigente desde la última dictadura militar.
El funcionario dio un paso importante en setiembre del año pasado, cuando flexibilizó por decreto la inscripción de organizaciones religiosas, a fin de que las entidades no católicas puedan establecerse como personas jurídicas y no como asociaciones civiles, y acceder así a beneficios impositivos.
Si bien es cierto que la libertad religiosa es un derecho ya contemplado en la jurisprudencia, la igualdad resultaría -según anticiparon a la agencia DyN algunos canonistas- "casi imposible" de implementar en la Argentina, e incluso forzaría a reformar la Constitución.
Pero, además, la integración de evangélicos a las listas del kirchnerismo genera diferencias en la Casa Rosada, donde aseguran que los pastores tienen "demasiadas exigencias" a la hora de sumarse al oficialismo. "Queremos aportar dirigentes al proyecto del presidente (Néstor) Kirchner, pero sin ser usados por la estructura partidaria. A cambio queremos personería jurídica y espacios de participación", le dijo a DyN un vocero de la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Faciera).
El Gobierno analiza con cuidado la movida, dado que los pastores pueden sugerir -y hasta convencer- a sus seguidores por qué candidato votar, algo que no ocurre con los obispos católicos, que dan libertad a sus fieles en materia política. Una sola vez en la historia argentina algunos prelados se reunieron -sin la anuencia del resto de sus pares- para decidir el apoyo a un candidato. Fue cuando alentaron a votar por Juan Domingo Perón, de quien más tarde la Iglesia se tornó en el peor opositor.
Mientras el Gobierno teje su "estrategia evangélica", la cúpula del Episcopado -que encabeza el cardenal Jorge Bergoglio- lleva adelante una ronda de visitas a los organismos de la Curia Romana, donde abundan los comentarios sobre la realidad social, política y religiosa de la Argentina.
En un primer contacto con el número dos del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, y con el canciller de la Santa Sede, arzobispo Dominique Mambertí, la comitiva -que también integran los obispos Luis Villalba, Agustín Radrizzani y Sergio Fenoy- expuso su preocupación por las leyes proaborto que, según entienden en el ámbito eclesiástico, impulsa el Poder Ejecutivo argentino. A modo de ejemplo, los obispos recordaron a sus interlocutores romanos -pudo saber esta agencia- que en 2006 se ratificó un protocolo sobre discriminación de la mujer; se autorizaron la ligadura de trompas y la vasectomía gratuitas, y se dio vía libre a la educación sexual obligatoria en las escuelas.
La Comisión Ejecutiva del Episcopado, que espera que se confirme la audiencia con el papa Benedicto XVI, también alertó sobre otros proyectos que calificó de "inquietantes", como la distribución gratuita de la píldora del día después o la iniciativa sobre igualdad religiosa.
"El proyecto apunta a garantizar los derechos colectivos, al libre ejercicio de creencias y convicciones -sostienen desde el Gobierno-, tal como lo establecen los tratados internacionales".
Ese reordenamiento legal a partir de la derogación de la ley 21.745 desvela al secretario de Culto, Guillermo Oliveri, quien desde el inicio de su gestión aspira a eliminar el Registro Nacional de Cultos, vigente desde la última dictadura militar.
El funcionario dio un paso importante en setiembre del año pasado, cuando flexibilizó por decreto la inscripción de organizaciones religiosas, a fin de que las entidades no católicas puedan establecerse como personas jurídicas y no como asociaciones civiles, y acceder así a beneficios impositivos.
Si bien es cierto que la libertad religiosa es un derecho ya contemplado en la jurisprudencia, la igualdad resultaría -según anticiparon a la agencia DyN algunos canonistas- "casi imposible" de implementar en la Argentina, e incluso forzaría a reformar la Constitución.







