13 Enero 2007 Seguir en 
El oficialismo gobernante se prepara para enfrentar dos elecciones y, para ello, busca acciones de fuerte impacto económico. Los problemas estructurales de Tucumán. Por Juan José Concha Martínez - Prosecretario de Redacción.
"Va a ser un año de mucha gestión; ya van a ver. La gestión tendrá más importancia que nunca para el Gobierno". Confiado, seguro de lo que estaba diciendo, el alto funcionario no estaba imaginándose sólo una prospectiva. Por la jerarquía de su posición en el Gabinete y por sus vínculos con el titular del Poder Ejecutivo, hablaba sobre lo que estaban dispuestos a hacer en un año de doble elecciones (la interna del justicialismo y los comicios generales); del volúmen de la apuesta en juego y de la decisión con que se iba a encarar el desafío. "En la interna (el oficialismo de José Alperovich frente a las huestes de Fernando Juri), tenemos que ir afiliado por afiliado, y va a ser muy dura; en la otra (las elecciones generales) hay que mostrar el trabajo hecho", se sincera.
En un año electoral, las respuestas, las actitudes y los proyectos oficiales recalan enseguida en el ánimo de los votantes; se toman los anuncios en un clima de efervescencia; las comparaciones históricas entre lo hecho y lo que -se asegura- ninguna gestión pudo realizar adquieren un valor clave en esa construcción de la decisión popular.
Este Gobierno conoce ese paño, corre con ventaja, pero no quiere confiarse. En esa línea, debiera entenderse la estrategia para desalojar del microcentro al casi millar de vendedores ambulantes. La decisión, que registra -como era de esperarse- altos índices de adhesión entre los tucumanos instala la gestión del Gobierno en la boca de los tucumanos. Son gestos importantes, y, probablemente, sumarán su valor al activo tangible que el Gobierno construye para ofrecer como éxito en su balance. Esto forma parte de la política.
Un fenómeno estructural
Habría, sin embargo, que ir un poco más allá para merituar la profundidad de la medida. La venta ambulante, en realidad, es la punta de un fenómeno más estructural y serio: Tucumán es una de las zonas del país en la que la informalidad hace estragos en su economía. Informes oficiales dan cuenta que representa en torno al 40% de las transacciones que se realizan aquí. También impacta en los niveles de trabajo "en negro", que supera el 50%. Y hay una historia que habría que tener en cuenta para entender la hondura del problema. En los últimos 15 años, el sinuoso rumbo que tomó el país ha sido particularmente duro para Tucumán. Atado al virtual destino de sus actividades regionales y al crítico rendimiento del Estado, el Producto Bruto Geográfico Provincial (PBG) ha tenido una tasa promedio de crecimiento anual de sólo el 0,62%, entre 1991 y 2005. A esta alarmante conclusión llega el trabajo que los economistas Hugo Ferullo y David Lenis prepararon para la Federación Económica de Tucumán (FET). El trabajo expone un impacto todavía más crudo: si estos datos se los compara con el nivel de crecimiento poblacional de los tucumanos, se advierte que en esos años el PBG per cápita ni siquiera ha logrado seguir a la tasa con la que crece nuestra población.
Una dura condena
Se sabe, amplios sectores de nuestra sociedad fueron condenados a vivir en un mundo de indigencia y privaciones: en plena crisis de 2002 superó más de un 50% el porcentaje de los tucumanos que estaba por debajo de la línea de la pobreza. Al inveterado hábito de trabajar en un mercado con cientos de transacciones en la ilegalidad, legiones de coprovincianos fueron lanzados por la crisis de esos días a la batalla de sobrevivir en las calles. Una capa casi geológica de informalidad superó cualquier tolerancia y hoy ese cuadro impacta en la calidad del empleo, en la dirección de las inversiones -públicas y privadas-, en los planes de rentabilidad de las empresas y en los riesgos previsibles de los negocios.
Ciertamente, tanto desde el Gobierno nacional, como desde la Provincia se tomaron importantes medidas para atacar este escenario. Pero habría que esperar mayores iniciativas superadoras, una ofensiva sistemática y un abordaje de magnitud y calado para suturar una herida cultural, económica y social dolorosa. La coyuntura aconseja buenas decisiones; políticas de Estado deberían marcar, siempre, todos los actos de gestión.
"Va a ser un año de mucha gestión; ya van a ver. La gestión tendrá más importancia que nunca para el Gobierno". Confiado, seguro de lo que estaba diciendo, el alto funcionario no estaba imaginándose sólo una prospectiva. Por la jerarquía de su posición en el Gabinete y por sus vínculos con el titular del Poder Ejecutivo, hablaba sobre lo que estaban dispuestos a hacer en un año de doble elecciones (la interna del justicialismo y los comicios generales); del volúmen de la apuesta en juego y de la decisión con que se iba a encarar el desafío. "En la interna (el oficialismo de José Alperovich frente a las huestes de Fernando Juri), tenemos que ir afiliado por afiliado, y va a ser muy dura; en la otra (las elecciones generales) hay que mostrar el trabajo hecho", se sincera.
En un año electoral, las respuestas, las actitudes y los proyectos oficiales recalan enseguida en el ánimo de los votantes; se toman los anuncios en un clima de efervescencia; las comparaciones históricas entre lo hecho y lo que -se asegura- ninguna gestión pudo realizar adquieren un valor clave en esa construcción de la decisión popular.
Este Gobierno conoce ese paño, corre con ventaja, pero no quiere confiarse. En esa línea, debiera entenderse la estrategia para desalojar del microcentro al casi millar de vendedores ambulantes. La decisión, que registra -como era de esperarse- altos índices de adhesión entre los tucumanos instala la gestión del Gobierno en la boca de los tucumanos. Son gestos importantes, y, probablemente, sumarán su valor al activo tangible que el Gobierno construye para ofrecer como éxito en su balance. Esto forma parte de la política.
Un fenómeno estructural
Habría, sin embargo, que ir un poco más allá para merituar la profundidad de la medida. La venta ambulante, en realidad, es la punta de un fenómeno más estructural y serio: Tucumán es una de las zonas del país en la que la informalidad hace estragos en su economía. Informes oficiales dan cuenta que representa en torno al 40% de las transacciones que se realizan aquí. También impacta en los niveles de trabajo "en negro", que supera el 50%. Y hay una historia que habría que tener en cuenta para entender la hondura del problema. En los últimos 15 años, el sinuoso rumbo que tomó el país ha sido particularmente duro para Tucumán. Atado al virtual destino de sus actividades regionales y al crítico rendimiento del Estado, el Producto Bruto Geográfico Provincial (PBG) ha tenido una tasa promedio de crecimiento anual de sólo el 0,62%, entre 1991 y 2005. A esta alarmante conclusión llega el trabajo que los economistas Hugo Ferullo y David Lenis prepararon para la Federación Económica de Tucumán (FET). El trabajo expone un impacto todavía más crudo: si estos datos se los compara con el nivel de crecimiento poblacional de los tucumanos, se advierte que en esos años el PBG per cápita ni siquiera ha logrado seguir a la tasa con la que crece nuestra población.
Una dura condena
Se sabe, amplios sectores de nuestra sociedad fueron condenados a vivir en un mundo de indigencia y privaciones: en plena crisis de 2002 superó más de un 50% el porcentaje de los tucumanos que estaba por debajo de la línea de la pobreza. Al inveterado hábito de trabajar en un mercado con cientos de transacciones en la ilegalidad, legiones de coprovincianos fueron lanzados por la crisis de esos días a la batalla de sobrevivir en las calles. Una capa casi geológica de informalidad superó cualquier tolerancia y hoy ese cuadro impacta en la calidad del empleo, en la dirección de las inversiones -públicas y privadas-, en los planes de rentabilidad de las empresas y en los riesgos previsibles de los negocios.
Ciertamente, tanto desde el Gobierno nacional, como desde la Provincia se tomaron importantes medidas para atacar este escenario. Pero habría que esperar mayores iniciativas superadoras, una ofensiva sistemática y un abordaje de magnitud y calado para suturar una herida cultural, económica y social dolorosa. La coyuntura aconseja buenas decisiones; políticas de Estado deberían marcar, siempre, todos los actos de gestión.
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