"Hay voluntad política para sanear la cuenca"

“No hay producción que no genere impacto. De lo que se trata es de minimizarlo. Desarrollo sustentable es reconocer que la gente necesita trabajo, pero no a expensas del aire que respira o de la cultura que valora, o de la diversidad de la que goza. La gente necesita trabajo, pero hay que convivir en armonía con la comunidad. Y eso es reconversión industrial: responsabilidad social empresaria, manejo eficiente de los recursos naturales, incorporación de tecnología que minimice el impacto de los efluentes, de las emisiones gaseosas”. Así explicó la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, su visión de la problemática ambiental .
Ayer, en Tucumán, la funcionaria se reunió con el gobernador José Alperovich y con el ministro de la Producción, José Manuel Paz. La directora de Medio Ambiente de la Provincia, Patricia Jalil, no estuvo ni en el encuentro que mantuvieron a puerta cerrada la funcionaria con el mandatario, ni en la conferencia de prensa que coronó la actividad. Sí estuvo, en cambio, los diputados nacionales Gerónimo Vargas Aignasse y Beatriz Rojkés de Alperovich, autores de un proyecto que impulsaba la suspensión de causas judiciales para empresas que contaminan, y que fue desechado de plano por Picolotti (“el Estado no puede resignar su poder de fiscalización ni de sanción”, destacó la funcionaria, cuando se la consultó sobre el tema).
Ayer, Alperovich anunció que de ahora en más el interlocutor del Gobierno de la Provincia con la Nación, en el tema ambiental, será el ministro de la Producción. En el encuentro, Picolotti anunció la inversión de $100 millones para créditos blandos para ingenios y citrícolas que viertan sus desechos en la cuenca Salí- Dulce, y que estén dispuestos a encarar procesos de reconversión industrial que contaminen menos. Picolotti también anunció que desde la Nación ya se firmaron acuerdos para el mejoramiento de los procesos con las papeleras y fábricas de pasta celulosa radicadas en la Argentina, entre las cuales está Papel del Tucumán.
Después del encuentro con el gobernador, y antes de su visita a la empresa Papelera Tucumán, cuya planta vino a fiscalizar, Picolotti visitó la redacción de LA GACETA.

-¿Por qué fracasó el plan Producción Limpia?
-Para que la protección del ambiente sea realidad, tiene que haber voluntad política y concientización ciudadana, tanto de las empresas como de los ciudadanos. Y esos son procesos que requieren maduración. Lo que sé es que es la primera vez que hay voluntad política. La base del cambio es una empresa insertada en armonía con su comunidad y con la naturaleza que la rodea. Al primer compromiso lo asumimos con el gobernador Alperovich hace dos meses. Creemos que a finales de enero ya vamos a tener cerrados convenios con la industria azucarera y con las citrícolas. Pero no son convenios generales: son puntuales, con plazos, y con metas claras por empresas: como para que el empresario tenga las reglas del juego claras, y que el Estado pueda fiscalizar. Habrá sanciones para los que no cumplen. Y no se pueden establecer plazos en forma general: cada caso es particular. Los convenios van a ser públicos, y es importante que la ciudadanía les haga un seguimiento. La Nación ofrece a las PyME una línea de créditos blandos, con tasa subsidiada al 50 %, y capacitación técnica gratuita. La secretaría controlará que el dinero sea destinado para su fin original.

-¿Qué informa la auditoría de la Nación sobre los niveles de contaminación de la cuenca?
-Que hay contaminación por un doble origen: orgánica, por falta de planta de tratamiento de efluentes cloacales (ya se firmó el convenio para la obra, con la provincia de Santiago del Estero) e inorgánica, por la manera irresponsable de trabajar de las empresas. Y la mayoría de las empresas están radicadas en la parte tucumana.

-La basura también impacta...
-El tema es importante, porque el basural está sobre la cuenca. Y confío en que ese basural se va a erradicar. Desde la Nación estamos trabajando en ese tema con Tucumán, a través del Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, con $ 120 millones para la eliminación de los basurales a cielo abierto. Pero lo más imporante es implementar una política de Estado de gestión integral de  residuos sólidos urbanos. Si no hay una política, se van a crear otros basurales en poco tiempo. Ayer salió la licitación para la región uno (Gran San Miguel de Tucumán), y ya se está trabajando en las regiones dos y tres. Esperemos que con la apertura de la licitación y con la concesión del servicio más el plan de gestión integral, pueda darse una solución definitiva al problema.