La vigilancia privada y el control del Estado

Hace pocos días, publicamos una extensa nota sobre la vigilancia privada en Tucumán. Esta contiene una asombrosa conclusión: hay alrededor de 2.500 vigilantes que trabajan para empresas no habilitadas, y que portan armas al cinto, a pesar de que no recibieron la indispensable capacitación, psicológica ni de entrenamiento. Es la estimación que hace la Cámara respectiva, que nuclea a las 16 empresas autorizadas, donde trabajan unas 2.000 personas. Agrega que las ilegales, además de ser evasoras del fisco, retribuyen a sus vigilantes con magros $ 300 por mes, por un trabajo de 300 horas en ese lapso.
   La normativa actual establece que, desde el 1º de diciembre, el Ministerio de Seguridad es el organismo que realiza los exámenes para habilitar a los vigilantes y a las empresas, lo que antes era resorte de la Cámara y de la Policía, respectivamente. Pero se ha fijado un plazo de 180 días para concretar la transición, lo que coloca al tema en una zona gris, legalmente hablando. Fuentes oficiales consideran que la cantidad de vigilantes truchos que calcula la Cámara es exagerada; pero admitieron que las empresas que los emplean hacen un excelente negocio. A todo esto, el ministro de Seguridad dijo que, si los empresarios conocen la existencia de ilegales, deben denunciarlos, y que hasta la fecha no ha recibido ninguna denuncia.
   Sin duda, estamos ante un tema que no puede mirarse con ligereza. Es conocido que las precarias condiciones actuales de seguridad han instalado el requerimiento de la vigilancia. La población se tranquiliza con saber que hay alguien encargado de ese asunto, y poco le importa que tenga habilitación legal o que no la tenga. Sabemos, además, que es un “modus vivendi” para muchos jubilados o desocupados oficiar de vigilantes aunque, en los hechos, poco podrían hacer para evitar algún delito contra los domicilios cuyos propietarios pagan cuotas.
Pero es evidente que una persona no puede circular armada y en condición proclamada de vigilante, si no ha cumplido los recaudos legales que la habiliten para ello. Pareciera sobreabundante recordar que, en toda comunidad civilizada, la fuerza es exclusivo resorte del Estado, y sólo este puede otorgar habilitaciones para su uso, y con límites muy precisos y acotados.
En tal orden de ideas, no puede admitirse una situación como la expuesta. Y sin duda resulta sorprendente que el Ministerio de Seguridad responda, ante la pregunta del periodista, que no ha recibido denuncias, y que quienes tienen conocimiento de empresas truchas debieran denunciarlas. Lo que corresponde es que de inmediato se ponga en campaña para detectar a aquellas, y que tome las  medidas para impedir su funcionamiento. Su afirmación de que si dentro de 180 días no se inscriben no podrán actuar, equivale a autorizar seis meses de peligrosa libertad de acción para la vigilancia ilegal.
No se trata en absoluto de una cuestión menor. En ella está involucrado algo de vital importancia para la comunidad, como es la custodia de su seguridad por parte de personas armadas. Un cometido que, de manera alguna, puede estar en manos de cualquiera. Pueden derivarse riesgos y situaciones muy graves, que caerán bajo la responsabilidad de un organismo del Estado.
Es necesario que las consideraciones formuladas se tomen en cuenta, y que no se aguarde un lapso de medio año para regularizar actividades que no pueden transcurrir sin marco legal. Hay también culpa del Estado. Su inercia ha dejado que este problema crezca y que adquiera las inquietantes dimensiones que hoy tiene.