El costo de la ineficiencia

Por José Marcos Bulacio - Profesor de Finanzas Públicas de la UNT.

29 Septiembre 2002
Entre 1991 y 2000, el gasto público tucumano por habitante aumentó 31%. No obstante, no se advierte un crecimiento proporcional ni en la calidad ni en la cantidad de los servicios públicos que se brindan. La percepción es que no hubo cambios significativos en los principales servicios del Estado (salud y educación).
Otro indicador que determina la calidad de una gestión por su importancia estratégica, la inversión pública, cayó significativamente en su medición como porcentaje del gasto del Estado. Y ello porque las erogaciones en personal consumen cada vez mayor presupuesto, dejando paulatinamente una menor disponibilidad para la obra pública.
Otra aspecto negativo de la administración del Estado provincial en la última década fue que el aumento del gasto público se produjo sin que, como contrapartida, se haya generado el financiamiento necesario para sostenerlo. Y esto se pone de manifiesto en el explosivo crecimiento de la deuda financiera del Estado (ver infografía).
Tampoco el perfil de la deuda es el adecuado ya que un alto porcentaje se contrató en dólares. La consecuencia es que, tras la devaluación, el pasivo subió a los $ 2.700 millones actuales. Esto equivale a casi tres presupuestos provinciales y coloca a Tucumán como una de las provincias más endeudadas en términos de su Producto Bruto Interno.

El necesario equilibrio
¿Cómo se revierte esto? Urge alcanzar el equilibrio presupuestario y, para ello, no hay otro camino que la reducción del gasto improductivo, para generar el superávit primario necesario que evite que la deuda siga creciendo. Los agentes económicos de la provincia vienen sobrellevando los altísimos costos financieros del desequilibrio estatal.
También hay que trabajar en la eficiencia de la gestión estatal. La experiencia internacional muestra ejemplos exitosos en este aspecto, como el de Nueva Zelanda. Allí, el servicio público es independiente del sistema político y depende de una junta que es designada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. A los cargos se accede por concurso, donde cuentan los antecedentes y la capacitación de cada postulante; la paga es proporcional a la productividad, y la estabilidad en el empleo depende de la eficiencia.

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