Dificultad para la inspección de vehículos

Como es sabido, estipulaciones de la Ley Nacional de Tránsito disponen que todo auto que tenga más de tres años de antigüedad debe ser inspeccionado en talleres habilitados para ese efecto, a fines de controlar su mecánica de seguridad. Tras la inspección, se entrega un certificado que permite la circulación por las rutas nacionales. Nadie puede discutir lo adecuado de esta disposición. Su espíritu, obviamente, es el de reducir en alguna medida los graves accidentes automovilísticos que año tras año se producen en las carreteras de la República, muchos de los cuales reconocen entre sus causas los defectos de seguridad.
   Pero sucede que, en Tucumán, solamente dos plantas mecánicas están autorizadas a llevar a cabo la referida tarea de verificación: una instalada en Lavalle al 2900 y la otra, en Jujuy al 2000. Parece singularmente exigua la cantidad de talleres, cuando se tiene en cuenta que solamente el parque automotor del Gran San Miguel de Tucumán asciende actualmente a 250.000 unidades. Y, según lo consignaba la amplia nota que dedicamos al asunto en la edición de ayer, los citados talleres sólo atienden un máximo de 40 vehículos por día.
Agreguemos que no toda la culpa debe atribuirse a la escasez de lugares de inspección. Estos están abiertos todo el año, pero recién ante la inminencia de las vacaciones es que los propietarios de vehículos resuelven cumplir con el requisito legal, y ello da lugar a las previsibles aglomeraciones.
De todas maneras, y aun descontando dicha falta de diligencia, parece obvio decir que, en este punto, estamos ante un caso en el que el cumplimiento de la norma legal se hace prácticamente imposible, o por lo menos muy dificultoso.
   Nuestra nota daba como ejemplo el caso de una persona que trabaja en Concepción y que, para realizar la verificación, debió solicitar a su empleador toda la mañana libre. Demoró una hora en llegar a Tucumán y otra en volver, presionado por la advertencia patronal de que si no regresaba a las doce no le pagaría la jornada. El ejemplo, sin duda, puede multiplicarse. Hay que recordar que hace ya varios años se afirmó que se tomarían medidas para habilitar una mayor cantidad de plantas de inspección. Ello no se hizo, y estamos de nuevo ante la época de vacaciones, durante la cual muchas personas se disponen a salir con sus familias rumbo a otras provincias utilizando carreteras nacionales, por donde la falta del certificado les impedirá circular.
Y ocurre que recién ahora se afirma, desde la Secretaría de Transporte de la Provincia, que en “cuestión de días” el Poder Ejecutivo firmará el decreto de adjudicación para instalar dos nuevos talleres, uno en Banda del Río Salí y otro en la capital. Pero todavía falta que los preadjudicatarios completen la documentación respectiva. Y además, cuando aparezca el decreto, tendrán aún 120 días para instalar los talleres. Luego de la adjudicación, se planea licitar tres otras plantas: en Yerba Buena, en Concepción y en Monteros.
Pensamos que deben tomarse recaudos para que el cumplimiento de las disposiciones referidas de la Ley Nacional de Tránsito puedan cumplirse de una manera menos accidentada que la actual. La provincia debe contar con las plantas de inspección en cantidad proporcionada al volumen de su parque automotor. Y el trámite para instalarlas no sólo debe tener una celeridad mayor, sino que además debe realizarse fuera de las épocas de gran desplazamiento turístico interno. De esa manera no se producirá un cuadro semejante al actual, que causa complicaciones nada pequeñas a los interesados y que se viene dando desde hace varios años.