Las intervenciones administrativas que el Gobierno provincial dispone en organismos del Estado se prolongan indefinidamente. El ente regulador del servicio de agua (Ersact) está intervenido desde el 95 y el de la energía (Epret), desde hace 19 meses. El Ipacym está en idénticas condiciones desde el 98. El caso emblemático es el del Instituto de Previsión y Seguridad Social: el decreto que hizo cesar a su directorio en 1990 fijaba que en seis meses los jubilados votarían a sus representantes. La actual gestión, además, intervino la Caja Popular a cinco días de asumir. El administrativista Roberto Sobre Casas advierte que estas prácticas entrañan el riesgo de que el Ejecutivo acumule demasiado poder.








