Una práctica que puede confundirse con el ejercicio arbitrario de las atribuciones del Estado

La Intervención importa el máximo ejercicio de la potestad de contralor del Estado, Nacional o Provincial, para asegurar el orden y buen funcionamiento institucional.
Este instituto político jurídico posibilita en concreto la remoción de las autoridades legítimas de un órgano (persona publica estatal), que devienen en ilegítimas (o, cuánto menos, eso se alega) por su actuación. Es el máximum del poder sancionador del Estado en el plano de las instituciones.
La intervención se aplica en dos esferas de acción del Estado.
Una es la intervención política. Por ella, una autoridad de mayor rango en la Estructura del Gobierno Federal, en aras de la preservación de la seguridad de integridad del Estado, puede sustituir autoridades de entidades de menor jerarquía o plano institucional. Así, el Estado federal puede intervenir a los Estados provinciales y estos a su vez pueden intervenir a los municipios que integran la Provincia.
En el plano administrativo, la intervención se sustenta en el principio de la jerarquía que permite a la organización administrativa del Estado cohesionar su actividad y gestión en procura del bien común o interés público en juego, que es la finalidad del Estado.
El principio de la jerarquía por el cual el superior tiene la potestad de mando respecto de los funcionarios inferiores, resulta de estricta aplicación en el orden interno de la Administración General del Estado, sea este nacional o provincial. Incluso, dentro de las personas públicas estatales no integradas en la personalidad general del Estado, como es el caso en Tucumán de la Caja Popular de Ahorros o el Sistema Provincial de Salud.
En el caso de la administración central, titularizada en el Gobernador, hay control o tutela, que tiende a preservar la natural unidad de acción que el Estado gestiona, por medio de organismos creados para desarrollar cometidos específicos. Por ejemplo, la función social de la Caja Popular de Ahorros y el ejercicio del poder policía sobre juegos de azar. O el caso del Siprosa, con su actuación como brazo ejecutor de la política de salud pública.

Restricciones sólo para unos
La intervención política es tratada, tanto en la Constitución nacional como en la Provincial.
El artículo 5 de la Carta Magna nacional garantiza la autonomía de las provincias mientras tenga vigencia en ellas el sistema representativo, republicano y federal de gobierno; y mientras esté asegurada la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Se advierte con esto que las causales que puede invocar el Estado Federal son restrictas.
En el caso de la Provincia, la Constitución establece en su artículo 139 el principio de la autonomía municipal. Y prevé que en caso de acefalía o grave desorden institucional, los municipios podrán ser intervenidos por ley. Superada la crisis, se restablezca el orden político e institucional del municipio. Pero, si en 180 días no se resuelve el desorden institucional, debe convocarse al pueblo a elegir autoridades para completar el período.
En contraste, en la intervención administrativa la Potestad de Contralor del Gobernador (o del Directorio de un ente autárquico, por dar otro ejemplo), no es reglada.
Es decir, el órgano que dispone la intervención, en consecuencia, tiene un mayor margen de discrecionalidad para aplicar esta gravosa y extrema medida.
La intervención produce una subrogación de actividades, que pasan a ser cumplidas por el superior jerárquico o por un funcionario designado a tal fin.
En un Estado de derecho, que un órgano tenga competencia discrecional en la toma de decisiones, no importa o puede confundirse con el ejercicio arbitrario del poder. El administrativista Rafael Bielsa, justamente, establece límites. Determina que no puede intervenirse legítimamente una persona estatal si no existen causas que lo justifiquen y si no se han agotado los recursos legales en el organismo que permitan restablecer su normalidad institucional.
Menos justificable aún, dice Bielsa, es cuando la intervención se funda en un fin subalterno, es decir, un objetivo personal y no institucional. Porque, entonces, propicia la sustitución de personas por quienes son adictos al que ostenta el poder, y no se propone normalizar el régimen jurídico o las funciones del organismo a intervenir.
En nuestra provincia existen varios órganos y personas estatales intervenidas y a eso se suma el caso del Siprosa, donde se produjo una suerte de intervención atenuada No designaron a los funcionarios del directorio y aplicaron el artículo 7 de la ley de creación del Siprosa (ley 5.652). Producido el supuesto de acefalía, se hizo cargo de la función de dirección del ente el ministro de Asuntos Sociales.
Con la modificación de aquella norma por medio de la Ley 7.466, el ministro está habilitado a la conducción del ente, con lo que se busca soslayar la confusión de competencias surgidas respecto del control de lo actuado por el Siprosa.

Prolongada extensión
Quizás en la mayoría de los supuestos de intervención administrativa, las causales para tal decisión fueron legítimas o, al menos, atendibles. En todo caso, lo que es motivo de seria reflexión es su extensa prolongación, sin que se trabaje en la normalización de las instituciones intervenidas.
En concreto: las autoridades de la intervención tienen la obligación funcional de elevar en cada caso un informe detallado de las auditorías de legalidad y gestión, practicadas a las entidades sujetas a intervención, y puestas al conocimiento de la opinión pública.