Las intervenciones atentan contra la gobernabilidad

"La capacidad de las sociedades humanas de proporcionarse sistemas de representación, instituciones, procesos y cuerpos sociales para autogestionarse es un movimiento voluntario".
(P. Calame y A. Talmant, "El Estado al Corazón").

En las últimas dos décadas del Siglo XX se produjo una profunda transformación del Estado, tanto en su estructura organizativa, sus lógicas de gestión, sus formas de relacionarse con la sociedad y la economía, sus recursos de poder y sus bases de legitimación.
"La tendencia general de estas transformaciones ha sido el cuestionamiento de las bases tradicionales del poder estatal", advierten los investigadores uruguayos Conrado Ramos y Pedro Narbondo, en "Reforma administrativa y capacidad estatal de conducción".
En su trabajo, los autores dan una larga lista de estas críticas, entre las que destacan el descontento generalizado con el sector público, derivado de una percepción ciudadana acerca de la ineficiencia del sector público para procesar adecuadamente las demandas sociales.
La primera consecuencia de este cuadro de situación fue el afianzamiento, en las postrimerías del siglo pasado, de un enfoque gerencialista. Las acciones de Gobierno se concibieron como "productos" y la gestión de los distintos sectores del Estado fue medido sobre la base del "control de resultados".
En Tucumán, ese parece ser el esquema vigente, a juzgar por el número de reparticiones que se encuentran intervenidos administrativamente por el Poder Ejecutivo. Y por la prolongada duración de esas medidas extremas.
En ese sentido, el Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) es el que mayor antigüedad registra. Irónicamente, en 1990, el decreto que lo intervenía fijaba que en seis meses sería integrado el nuevo directorio mediante comicios para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados.
Se encuentran en esa situación el el Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán (Ersact) y el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (Epret). Es decir, dos organismos vinculados con la prestación de servicios públicos (deben controlarlos), que fueron privatizados durante los 90, con el argumento de que en manos privadas funcionarían mejor.
El primero resultó intervenido durante la gobernación de Antonio Domingo Bussi, quien hizo lo propio, además, con el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Desde entonces, cambian los interventores, pero no la situación administrativa.
El Epret, en tanto, fue intervenido por la actual gestión. El gobernador José Alperovich, además, dispuso idéntica medida contra la Caja Popular de Ahorros, al quinto día de asumir su mandato. La situación de estos organismos no ha cambiado. No puede decirse lo mismo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), el cual fue regularizado durante la actual gobernación, luego de dos décadas de interrupciones. Sin embargo, se dejó establecida una nueva estructura, en la cual el ministro de Salud Pública de la Provincia es también el presidente del Siprosa. Esto configura, para el administrativista Roberto Sobre Casas, una intervención atenuada. (Ver "Una práctica...")
Precisamente, la segunda consecuencia del enfoque gerencialista del Estado es la generación de un esquema enfrentado con el enfoque centrado en la gobernabilidad. Y la contracara del discurso de la búsqueda de eficiencia en el Estado puede ser la acumulación de poder de ciertos sectores del Gobierno, en detrimento de otros.


En la mañana del 31 de mayo de 1990, en entonces ministro de Gobierno (a cargo de Asuntos Sociales), Juan Carlos Meuli, puso en funciones a los interventores del IPSS, Hernán Salas (desempeñaría las funciones de presidente) y Carlos Arias.
Según el decreto 1.217, la intervención duraría seis meses. Con ese mismo instrumento legal, se determinaba el cese en sus funciones del directorio. Simultáneamente, se dispuso la convocatoria a elecciones de los representantes de los empleados y del sector pasivo para integrar ese organismo. Y se dejaba sin efecto un llamado que se había efectuado con anterioridad.
"En un plazo de 10 días se establecerá la fecha de los comicios, y se integró la comisión electoral con Salas, Héctor Pérez, Horacio Andrés Vega y Oscar Gutiérrez", detallaba la crónica de LA GACETA del 1 de junio de ese año. En los considerandos del decreto, el Ejecutivo estimaba que la medida adoptada debía crear las condiciones para superar la crisis del IPSS y concretar un llamado a elecciones. Nunca se concretó el llamado.


La noche del 23 de mayo de 2005, el gobernador José Alperovich decidió la intervención del Epret. El decreto 1.253 designó al frente del ente al ex secretario del Interior, Augusto Pedro Contreras. El mandatario justificó la medida al señalar que el organismo atravesaba una excepcional situación de anomia y desorden, "que atentaba contra la fiscalización y control del servicio público eléctrico". Precisamente, hacía hincapié en las denuncias de los trabajadores sobre el manejo discrecional de los fondos por parte del directorio, el ingreso de parientes y varias irregularidades administrativas.
El decreto indicó que el interventor profundizaría la investigación interna y que, eventualmente, daría paso a la Justicia. La medida, además, reforzaba la sociedad política del mandatario y el vicegobernador Fernando Juri, ya que Contreras era colaborador del presidente de la Cámara. "Nuestra relación se afianza; realmente, si no me hubiera dado las herramientas que me dio (desde la Cámara), no habría sido posible producir este cambio en Tucumán", dijo Alperovich aquella vez.


A mediados de 1998, el eternamente intervenido Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) se convirtió en la caja de resonancia de los problemas internos de Fuerza Republicana, por entonces, la fuerza oficialista. El Gobierno dispuso el cese de funciones de María del Carmen Vizoso Posse, que se despachó con una larga serie de denuncias. Estas iban desde presuntas irregularidades cometidas en anteriores gestiones (en especial, la de Alfredo Barberis), hasta presiones que aparentemente ejercían diputados nacionales y legisladores, para conseguir nombramientos de familiares y de amigos. Involucró, por ejemplo, al hoy presidente de FR, Ricardo Bussi, y al actual presidente de Recrear, Pablo Walter. Pero el blanco central de la arremetida de la por entonces miembro de la junta de Gobierno de FR fue la ex legisladora taficeña Jorgelina Valdez. Vizoso Posse dio a conocer una copia autenticada ante escribano de una carta supuestamente tipiada a máquina por la parlamentaria, con sello y firma, en la cual se le pedía dinero y se le advertía que le "cortarían la cabeza" si hablaba.


El 23 de diciembre de 2004, el Sistema Provincial de Salud fue normalizado, luego de 20 años de intervenciones. La medida fue posible en el marco de una ley que la Cámara dictó el 3 de diciembre de ese año. Justamente, esa norma determinó que quien esté a cargo del Ministerio de Salud Pública de la Provincia (en este caso, Juan Manzur) presida también al organismo. Inmediatamente, el funcionario tomó posesión del cargo, y puso a Pablo Yedlin a cargo del área médica y a José Gandur al frente del área administrativa. Manzur, de hecho, había asumido todas las atribuciones que la ley otorgaba al titular del Siprosa desde el inicio de la gestión. Para ello, contaba con una autorización del Poder Legislativo. Esto se debía, concretamente, a una intervención que él mismo había dispuesto por la acefalía producida en el Consejo Provincial de Salud (Coprosa), a causa del cambio de gobierno, a finales de 2003. Esa situación debía extenderse por un plazo de sólo 180 días, con la normalización de la entidad como único fin. Pero el 14 de junio se extendió por otros seis meses.


A sólo cinco días de haber asumido la gobernación, José Alperovich decretó la intervención de la Caja Popular de Ahorros, cuyo directorio era presidido entonces por el dirigente bancario Carlos Cisneros. Ambos habían mantenido enfrentamientos subterráneos cuando el mandatario se desempeñaba como ministro de Economía de la gobernación de Julio Miranda.
"Los empleados de esta entidad deben estar tranquilos, porque no vengo a tomarme ninguna revancha. Pero no quiero impunidad para nadie, el pasado no se puede olvidar. Por eso vamos a ver todos los hechos de corrupción que se cometieron en esta institución. Todo se va a revisar", había expresado el 3 de noviembre de 2003, durante la asunción de Juan Carlos Veiga como interventor. Durante su gestión, se autorizó al Jockey Club a ceder parte de los terrenos del Hipódromo para que Casino Club instalara un millar de tragamonedas. Tras la dimisión de Veiga y una impugnación judicial a la medida, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, subsanó los errores legales.