Volver al pasado

Un cambio para que nada cambie”. La advertencia que esbozó en julio pasado el cardenal Jorge Bergoglio sintetizó el malestar de los credos, y no sólo de la Iglesia Católica, por la ausencia de valores trascendentes que, aseguran, revela la nueva Ley de Educación Nacional.
El “acompañamiento crítico” que las religiones tradicionales dijeron hacer al proyecto oficial, que se aprobó el jueves a la noche por 133 votos a favor y 34 en contra, se trasformó en queja airada.
Tanto por el escaso debate previo como por “conculcar” derechos naturales de los padres sobre la educación de sus hijos y “violentar” la ley de enseñanza privada.
No obstante, valorar -según lo que pudo constatar DyN- que la norma aspire a la inclusión educativa y a proporcionar “una educación de calidad para todos” los argentinos.
“Tanta expectativa para nada. La idea no era volver al pasado, sino avanzar en un cambio a futuro. Tampoco se buscaba un cambio de nombre, sino de estructura docente”, manifestó a esta agencia José María del Corral, presidente del Consejo General de Educación de la arquidiócesis de Buenos Aires.
Ni una declaración puntual del Episcopado en noviembre ni la presión de los referentes religiosos sobre los legisladores impidieron convertir en ley una iniciativa gubernamental que, al entender eclesiástico, “se cocinó de antemano” en el Palacio Sarmiento.
Las quejas de educadores cristianos, obispos, pastores y rabinos tuvieron un único destinatario: el ministro Daniel Filmus, a quien le atribuyen el diseño “ideológico” -con aval del presidente Néstor Kirchner- de la norma educativa que entrará en vigencia en 2007; y también hay acusaciones de “hacer oídos sordos” de las sugerencias que le acercaron los credos.
Un grupo de contacto interreligioso -que lideró la Comisión Episcopal de Justicia y Paz- tuvo, sin embargo, bajas significativas. Entre ellas, un sector representativo de las Iglesias Evangélicas, que calificó de “farsa” y “carente de pluralidad” el debate para el consenso previo.
En medio de las críticas, fuentes oficiosas de la cartera educativa abonaron las sospechas de que los obispos se llamaron a silencio en buena parte de las conversaciones, a cambio de mantener los subsidios a la educación de gestión eclesial y privada. Esa versión mereció el rechazo inmediato de voceros episcopales. El intento de quita de aportes es un antiguo anhelo de los gremios docentes, con el argumento de igualar las oportunidades de acceso a la educación. En cambio, las Iglesias -sobre todo la Católica- defienden a rajatabla ese derecho como condición de la libertad de enseñanza, e inclusive algunas pretenden que el Estado cumpla con el principio de justicia distributiva, a fin de convertir en gratuitas sus escuelas.
Las críticas de Bergoglio a los tiempos y profundidad del debate propuesto por el Gobierno para producir cambios radicales en materia educativa, y no gatopardismo, fueron premonitorias.
Hoy los credos dicen compartir esa sensación de que, si bien hay nueva ley, su articulado responde a la costumbre argentina de “cambiar todo para que nada cambie”.
En tanto, para los obispos católicos constituye otra derrota con sabor a “venganza política” del Gobierno -la primera fue la ratificación del protocolo de la CEDAW- por el ejemplo cívico que, aseguran, monseñor Joaquín Piña dio en Misiones, donde evitó la reelección indefinida del kirchnerista Carlos Rovira.