Una conmovedora muestra de repudio a la violación de las leyes

Más de un millón de bolivianos, desafiando las amenazas e intimidaciones, salieron pacíficamente a las calles en los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz para participar en un episodio inédito: cuatro gigantescos cabildos abiertos simultáneos, sin la participación de políticos en los estrados. Sin caras tapadas, sin palos, sin cartuchos de dinamita. Sin violencia. Pero con evidente coraje y decisión, conscientes de que el futuro mismo de sus libertades personales está en juego.
Lo hicieron para gritar un rotundo “basta” al pisoteo del estado de derecho por parte del partido de Evo Morales que, desde la Asamblea Constituyente, pretende violar -autoritaria y descaradamente- el artículo 232 de la Constitución vigente y el artículo 4 de la propia Ley de Convocatoria a esa asamblea, que disponen -inequívocamente- que la reforma de la Carta Magna de los bolivianos puede hacerse solamente mediante los dos tercios de los votos de los constituyentes.
Esto porque en el seno de la Constituyente, el partido de Morales (MAS), pese a la claridad de la ley, impuso autoritariamente una resolución (que en opinión de la Corte Suprema sería inconstitucional) que pretende que la eventual nueva Constitución (cuyo proyecto, además, permanece sugestivamente en secreto, lo que es toda una obvia enormidad) sea aprobada sólo por mayoría simple. Esto es lo que, en esencia, ha provocado el comprensible rechazo -masivo- de los pueblos del oriente boliviano. La violación de la ley, entonces.
Rechazando de plano ser sometidos desde la ilegalidad, los cuatro cabildos abiertos simultáneos decidieron: (1) desconocer cualquier nueva Constitución, si ella es aprobada por mayoría absoluta y no por los dos tercios de los votos de los constituyentes, como exige la ley; (2) asumir directamente un régimen autonómico departamental, si los constituyentes (desoyendo el resultado del referéndum del 2 de julio pasado, que en esos departamentos impuso la autonomía con el 78% de los votos) no lo ponen en vigor. En Tarija parece haberse ido más lejos aún, al decidirse, respecto del segundo punto, convocar a una consulta popular para aprobar concretamente el respectivo estatuto autonómico. Los referidos departamentos reclaman para sí una autonomía extendida, que incluye: definir importantes competencias normativas, ejecutivas y administrativas; contar con una sustantiva descentralización fiscal; operar con un alto grado de auto-gobierno; y asumir la titularidad compartida sobre los recursos naturales y la tierra. No es poco.
Estas graves decisiones podrían, de pronto, haber restablecido los equilibrios políticos en Bolivia, que hasta ahora lucen extraviados. Y pueden ciertamente ser ejecutadas en el marco de la unidad nacional, dejando de lado peligrosas alternativas “separatistas”. Cuentan además con el apoyo explícito de las comunidades indígenas de los departamentos en que han sido tomadas, esto es de las chiquitanas, ayoreas, guaraníes, y guarayas.

En busca de otro rumbo
Por la entidad de lo acontecido, el proceso de cambio vociferante y radical que, desde el 18 de diciembre del año pasado, está liderando Evo Morales, poniéndose a la altura de las circunstancias, debería reencauzar ahora su rumbo, reconociendo la realidad. Porque en el oriente de su país se ha dicho rotundamente “no” a las amenazas; “no” a los dobles discursos; “no” a la mentira y a la manipulación de los medios y de la información; “no” a la intimidación; y ciertamente también “no” a la violencia. Y claramente también “no” a la “injerencia extranjera”, mensaje que apunta a poner freno a la permanente intromisión de Hugo Chávez.
Decidirse a hacerlo sería consolidar todo un milagro político que bien podría conducir a Bolivia desde la polarización a la unidad, dejando de lado las luchas de clases, la siembra de resentimientos y los enfrentamientos estériles. Negarse a ello podría, en cambio, conducir nuevamente al caos.
En Santa Cruz, cientos de miles de personas congregadas al pie del Cristo Redentor aprobaron también “10 mandamientos cívicos”. Entre ellos: respetar la cultura de todos los pueblos; no permitir que las autoridades juren en vano; honrar a la Constitución y las leyes, lo que ciertamente incluye la obligación de cumplirlas; no permitir actos contra la democracia; no mentir; no incitar a la violencia; y no ser codiciosos (otra forma de repudiar la permanencia en el poder y a su concentración).
La propuesta de cambios pacíficos y acordados (por oposición a los que podrían ser impuestos) está ahora sobre la mesa. Puesta allí valientemente por la sociedad del oriente boliviano, con toda hidalguía. Sin armas bajo el poncho.
Está en Morales y su mentor, Álvaro García Linera, decidir si aceptan la propuesta de diálogo sincero o continúan pretendiendo pasarle por encima a la ley, con las serias consecuencias que de esto podrían desprenderse. La encrucijada es clara, las opciones también. (Especial para LA GACETA)