La controversia por el revalúo fiscal

El revalúo fiscal, que regirá a partir de 2007, impulsado por el Gobierno provincial, ha generado malestar entre los productores agrícolas de las distintas actividades. Se incrementará la valuación fiscal de las 55.000 parcelas rurales que hay en Tucumán. La medida surge como consecuencia de un trabajo que realizó la Dirección de Catastro, mediante el cual se determinaron las zonas agroecológicas de toda la provincia y el parcelamiento, que se estableció a través del relevamiento catastral. Muchos propietarios de terrenos se sorprendieron cuando recibieron las boletas correspondientes a los cinco bimestres de 2007, ya que, en algunos casos, el valor del impuesto Inmobiliario es hasta 50 veces superior a lo que venían abonando. Según la Dirección de Rentas, el cobro por el total de las parcelas rurales pasará de $ 11 millones a $ 28 millones el año que viene.

El Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán consideró que el revalúo es exorbitante y que no es equitativo. Resaltó que el Gobierno sólo tomó en cuenta el campo y no las propiedades urbanas.
La Asociación Tucumana del Citrus, por su parte, no objetó que las valuaciones de los terrenos eran muy bajas, pero indicó que la carga impositiva global en Tucumán es tan alta que ya no se soporta ningún aumento que recaiga en los productores, y señaló que la revaluación sólo se aplica al sector rural y no a las propiedades urbanas.

Se sumó a la queja la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán que, por un lado, reconoció que la valuación de los campos estaba infravaluada, pero pidió que ahora haya una rebaja en la alícuota del impuesto Inmobiliario rural.
La Sociedad Rural de Tucumán le planteó al Poder Ejecutivo que, al incrementar las valuaciones fiscales de los campos, se debe bajar simultáneamente la alícuota del impuesto Inmobiliario para que no crezca la presión tributaria. Solicitó que cuando se comience a recaudar este impuesto patrimonial se disminuyan gradualmente las tasas de los tributos distorsivos, como Ingresos Brutos, Sellos y Salud Pública. También hizo hincapié en la inequidad que significa que el revalúo recaiga sólo en el campo y, en todo caso, que la mayor recaudación no signifique un incremento del gasto público.

Pese a los planteos, el ministro de Economía señaló que el Gobierno no dará marcha atrás en la medida que regirá en 2007 y que no se tocará la alícuota del impuesto Inmobiliario rural. El funcionario afirmó que antes del revalúo, había campos cuyos propietarios contribuían con $ 50 mensuales por tierras cultivables y rentables, un valor equivalente al que abona un contribuyente por su casa. El Gobierno tampoco aceptará reajustar la alícuota del impuesto Inmobiliario rural, como piden distintas asociaciones que representan a los agricultores.

Los productores le reprocharon asimismo al Poder Ejecutivo la falta de diálogo. A los impuestos provinciales se suman las retenciones que les efectúa la Nación a aquellos que exportan, de manera que la presión fiscal será aún mayor, según el sector. También se señala como una situación de inequidad el hecho de que al que paga es al que más se lo presiona.
Es comprensible que el Estado pretenda recaudar siempre más, pero debe tratar de no ahogar a los productores con los impuestos, porque la actividad podría dejar de ser rentable en algún momento. Se debe encontrar entre las partes un criterio de razonabilidad y, para llegar a ello, es necesario deponer las actitudes intransigentes a fin de poder llegar a un acuerdo, porque se sabe que los diálogos entre sordos no llegan a ningún buen puerto.