Parache y el contador público

“Uno de los principales motivos por los que obtuve estos títulos públicos fue para poder disponer de un ahorro indispensable para la subsistencia de mi familia, como así también para poder vivir dignamente, ya que poseo una enfermedad desde hace varios años que no puede ser curada, solamente tratada (adjunto certificados médicos, estudios realizados, diagnósticos, historia clínica, etcétera). Es por ese motivo que no puedo ejercer la profesión de contador público nacional”. En su demanda contra el Estado, este casi dramático párrafo incluyó Alberto Scaravilli López, en el afán de lograr (lo consiguió) que el juez federal Jorge Parache considerara que podían exceptuarlo del diferimiento de pago y de la pesificación de los bonos dispuesta tras la crisis de 2001. Sucede que el artículo 2, inciso “e”, de la resolución 73/02 del Ministerio de Economía lo autorizaba, cuando la vida del tenedor de los títulos estuviera en riesgo o su salud, severamente comprometida. Quizás para añadirle mayor sugestión a su pretensión, el demandante, cuyo abogado era César Roque Paliza (h), olvidó que tenía 50 años y no 60 -como se lee en el escrito-, cuando dedujo la acción de inconstitucionalidad, el 6 de octubre de 2004.
Sólo ocho días más tarde, Parache, efectivamente, concedió una medida cautelar a favor de Scaravilli López. Y lo hizo basándose en “la dolencia padecida por el actor, certificada con la documentación médica”. Estos padecimientos, que arrastraba desde hacía 41 años, según el requerimiento del fiscal federal Carlos Brito, no le habían impedido al contador Scaravilli López desempeñarse laboralmente en reconocidas instituciones desde 1976. Entre 1996 y 2004 fue gerente y auditor externo nada menos que del Club Atlético Tucumán;  cargos, dicho sea de paso, que puede cumplir muy bien un profesional de las Ciencias Económicas. Durante esos años habría conocido al senador Julio Miranda (fue presidente “decano” entre 1997 y 1998) y, en particular, al hermano de este, el concejal José Miranda; quizá eso explique por qué también recaló en el Gobierno provincial durante la administración mirandista.
Para cubrirse y sobrellevar la enfermedad, Scaravilli López, según sus emotivos dichos, había decidido recurrir a los bonos. “El Estado, en estos momentos, no me paga lo que me corresponde en concepto de servicios, intereses, renta y capital, ya que los Bontes que yo poseo se encuentran vencidos en su totalidad”, esgrimió. Lo que no aclaraba -y el juez soslayó- es que a la cuenta para el depósito de los bonos la había abierto sólo 48 horas antes de la interposición de la demanda y los títulos -indispensables para su subsistencia, según él-, habían sido acreditados en ella el mismo día de la deducción del escrito (6 de octubre), en la víspera y en la jornada siguiente.
En el Consejo de la Magistratura, en dos ocasiones y por escrito, Parache se jactó de que en su juzgado no pasaba lo que en el del hoy destituido Felipe Terán. “No existe causa en que se hayan incorporado a los alcances de la medida cautelar bonos pos-default adquiridos luego del dictado de aquella, situación planteada únicamente en el juicio ‘Borquez...’”, aseguró.
Habría que preguntarle si, en su caso, los títulos pos-default (sic) seguían ingresando en las cuentas de los demandantes hasta horas antes de que él dictara una medida cautelar a favor de estos. Y otra vez se puede recurrir a “Scaravilli López”. Cuando interpuso la demanda, el contador pidió al magistrado: “ordene el pago de los intereses, servicios, rentas, amortización y capital (100% vencido) del Bontes 02 (sic), todos vencidos ya en su totalidad, cuya propiedad indiscutiblemente invisto”. Y afirmaba que, para corroborar esto, acompañaba certificado de la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán, cosa que no figura en el expediente. Pero sí, a las 11.30, del 13 de octubre de 2004, su abogado adjuntó la documentación probatoria de la tenencia de su cliente.
Curiosamente, ya no se trataba de Bontes 02, sino de Bontes 03 por $ 1,2 millón, que en definitiva desembolsó el Estado gracias a la cautelar que al otro día dictó Parache. ¿Será una mera coincidencia que en la demanda de la causa “Borquez”, determinante para la remoción de Terán, haya pasajes en los que dice Bontes 02 y en otros -sin salvar-, 03? Para Parache, ¿será el caso “Scaravilli López”, el equivalente al “Borquez”, de Terán? Por lo pronto hay una pequeña diferencia: en “Borquez” investigan una supuesta tentativa de defraudación; en “Scaravilli López”, una presunta defraudación consumada.