El campo se alza contra la presión impositiva

La pésima relación entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario tiene ahora su correlato a la tucumana. Mientras en la órbita federal hoy finaliza un paro agrario de nueve días de duración-que prácticamente ni se sintió en nuestra provincia-, con discursos muy duros de las partes en conflicto, en Tucumán la dirigencia ruralista local intenta evitar una protesta de similar medida contra el nuevo ajuste fiscal que acaba de instrumentar el Gobierno de la provincia.
El reclamo contra la revaluación de las propiedades del campo tucumano no es, por ahora, ni ordenado ni efectivo, pero hay verdadero malestar entre los hombres que trabajan la tierra. Las entidades del agro analizan los hechos desde distintos puntos de vista, en especial porque alguna de ellas -como la Sociedad Rural de Tucumán- tuvo la opción de estudiar los números y de debatir con el Gobierno, mientras que el resto se enteró de las modificaciones cuando comenzaron a llegar boletas del impuesto Inmobiliario con subas desde el 100% al 5.000% en los montos a tributar, en vísperas de un año electoral. Entre estos últimos se generó un verdadero estado de indignación y la sensación de que esta fue la gota que rebasó el vaso.
Pese al rechazo generalizado a la disposición oficial, en el sector agropecuario la mayoría admite que sus campos poseían valuaciones fiscales irrisorias, y que era inevitable la readecuación de estos valores. Lamentablemente, una medida que podría haberse aceptado y/o interpretado como un acto de justicia si se quiere, ya que permitiría poner en orden la recaudación de un tributo patrimonial como es el Inmobiliario, se desvirtuó, porque quedó instaurada como un nuevo episodio de avidez recaudatoria del Estado tucumano.
Usualmente, la elevada presión impositiva en Tucumán es uno de los reclamos que surgen con mayor coincidencia entre todos los sectores que componen la economía de la provincia. No hay documento, ni declaración periodística, ni charla de café, en los que no se mencione este reclamo. Sucede que en Tucumán se cobra todo tipo de impuestos: a las ganancias, al cheque, a la firma de un contrato, a la toma de empleados y a la posesión de un inmueble o de un rodado. Algunos de estos gravámenes se deben pagar hasta tres veces, sin que a nadie en el Estado le importe esto en lo más mínimo. Y -para colmo- los cambios que impulsa el Gobierno en materia fiscal siempre suman a favor del Estado y jamás se aplican medidas para aliviar a los privados (salvo que se trate de empresas que exploten juegos de azar).
Debido precisamente a que las valuaciones fiscales eran bajas, durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003) se aplicó una suba de la alícuota del Inmobiliario, del 0,7% al 1,2%, como medida provisoria hasta que se actualizaran los valores de las propiedades. Pese a este compromiso, no bajará la tasa, al menos por ahora, según lo informó el Gobierno, que por otra parte ya había promovido un aumento del 57% en las valuaciones fiscales al inicio de su gestión.
Los hombres de campo también se quejan porque la reciente actualización sólo afecta a las propiedades rurales y no a las urbanas. Por esto no deberían preocuparse, puesto que el revalúo en las casas llegará en 2007. ¿Será que alguien que pagaba un impuesto bimestral de $ 60 por su vivienda -por ejemplo- pasará a tributar alrededor de $ 1.500 por la misma propiedad cada dos meses, como pasará con los campos?
Los argumentos del Gobierno para incrementar aún más la presión impositiva en la provincia seguramente tendrían basamento más sólido si es que los contribuyentes vieran algún resultado de su esfuerzo fiscal. Pero no es mucho lo que tiene para mostrar el Gobierno, más allá de obras públicas vinculadas con la salud y la educación. Las redes de rutas secundarias y terciarias siguen intransitables, y no se verán mejoras sustanciales en la próxima campaña productiva. Mientras, las carreteras principales están sobrepobladas de vehículos que provocan cientos de accidentes mortales al año, en gran medida porque el Estado decidió combatir el transporte ilegal con un blanqueo general en este sector. Por otra parte, al mismo tiempo que el Estado redobla sus controles fiscales sobre las empresas establecidas, se da el lujo de incumplir una orden judicial de desalojar de las calles a los vendedores ambulantes. La consigna parece ser: dureza y firmeza por un lado, y liviandad absoluta por otro.
La semana que se inicia seguramente será clave en definiciones sobre lo que podría ser la relación futura entre el Gobierno y el sector privado de la provincia. Más que nada, el debate estará centrado entre quienes insisten en tratar de sostener el diálogo ante un Estado provincial cada vez más intransigente, y los que creen que es hora de tomar medidas más extremas para defender sus derechos.