El deterioro de la gestión pública

La dignidad de la función pública, especialmente cuando el funcionario es político y ejerce representación ciudadana durante la gestión de un gobierno, exige no sólo el respeto de la sociedad sino de quienes la desempeñan. Tal condición es aún más exigible en el sistema republicano y democrático, cuyo funcionamiento requiere del diálogo, sin el cual no es posible el consenso entre los poderes y la ciudadanía. Esa fórmula se basa en que quienes emergen de las urnas lo hacen para gobernar a todos y no a una parte. Como se advierte en los regímenes autoritarios, donde las definiciones se producen por la fuerza o mediante irregularidades que aseguran sus resultados.
   Nadie podrá afirmar que de las últimas elecciones presidenciales en nuestro país surgió un gobierno políticamente limitado por el débil desenlace electoral ocasionado por la crisis. Sin embargo, sí puede señalarse que el diálogo y el consenso entre el poder y la ciudadanía no es el adecuado, por la restrictiva concepción que el presidente Kirchner tiene de esas condiciones.
   El jefe del Estado así lo reconoció al explicar su incomunicación virtualmente absoluta con los medios de comunicación, considerándola innecesaria por manejarse oralmente con los auditorios de los actos oficiales.
   Se refirió con ello al monólogo y no al intercambio que generan los reportajes y conferencias. Ese estilo ha tenido su correlato en la resistencia oficial a sancionar una ley de acceso a la información pública prometida tiempo atrás pero limitada al Poder Ejecutivo, cuyas exigencias para el solicitante son prácticamente insuperables.
Otro testimonio censurable derivado de esa abstención de informar es nada menos que el del ministro del Interior, Aníbal Fernández, que por la naturaleza de sus funciones es considerado el ministro político, pues al mismo corresponden les relaciones inmediatas de esa condición.
Sin embargo, Fernández suele aplicar a sus declaraciones públicas términos agraviantes no sólo a los sectores que no comparten la gestión oficial, sino personalizando en dirigentes de forma poco menos que insultante. Vaya por caso una referencia a la diputada Elisa Carrió, de quien dijo en una declaración pública que “con la bikini en la mano está preocupada por cruzar el río”.
Tal grosería se relaciona con las discrepancias de la legisladora sobre los cortes fronterizos en el Paraná. En cuanto a Roberto Lavagna, el ministro asegura que a nadie le interesa lo que dice, en tanto que Mauricio Macri es calificado de “tilingo”, cuando no de pavo.
 Ese modelo regresivo de gestión política que ostenta el ministro específico, conlleva fatalmente a su promesa, realizada a poco de asumir el actual Gobierno, de promover la reforma política partidaria y representativa.
   Para ello, organizó un departamento especial en su cartera y solicitó colaboraciones que, si llegaron, quedaron archivadas, poniendo fin a un compromiso presidencial hecha a poco de su asunción.
   Si algún paso quedaba del gobierno precedente acaba de ser borrado al dejar sin efecto la ley de internas abiertas. A menos de un año de las urnas, el devenir sólo promete ese estilo rudo de comunicación entre los factores en pugna y una confrontación con alto costo político y carente de debates esclarecedores, donde la responsabilidad ciudadana será más compleja que en otras ocasiones, pues se trata de consolidar el sistema democrático y republicano, único camino para dejar atrás nuestra dura crisis histórica.