06 Diciembre 2006 Seguir en 
El testimonio de Francisco Alberto González será fundamental para que la causa avance. El problema radica en que hasta el momento no se puede determinar cuándo el martillero estará en condiciones de contar cómo fue la agresión por la que están acusados Mauricio Fortini y Luis Cura. Ese será el próximo paso que se deberá dar en la Justicia, luego de que la jueza V de Instrucción, Mirta del Valle Lenis de Vera, decidiera otorgarles la libertad a los acusados.
Los jóvenes deberán depositar una fianza que sería de $ 10.000 y cumplir con una serie de medidas restrictivas que incluyen no concurrir a centros nocturnos de diversión, no abandonar la provincia y realizar, con su familia, un tratamiento contra la violencia.
La magistrada tomó esta decisión luego de rechazar el pedido de la fiscal VI de Instrucción Adriana Reinoso Cuello (secretaría de Juan Carlos Lionti) de que se les dictara a ambos la prisión preventiva al imputarles lesiones gravísimas.
Lenis de Vera consideró que no había elementos suficientes para realizarles esa imputación y los acusó de lesiones graves, delito que es excarcelable.
Juan Colombres Garmendia (h) y Mario Mirra, defensores de Fortini, se mostraron complacidos con la decisión de la jueza. “Con los informes médicos no se pudo demostrar que González haya sufrido lesiones gravísimas, por lo que resultaría excesivo que ambos continúen detenidos”, indicaron los profesionales, que ayer realizaron todo tipo de gestiones para lograr que su defendido quedara en libertad. José Agustín Ferrari, representante de Cura, no emitió opinión sobre el fallo.
Leonardo Coria y Carlos Picón, representantes del martillero, tampoco se mostraron sorprendidos por la decisión que tomó la magistrada.
La familia de González, en cambio, recibió la noticia con una mezcla de tristeza e impotencia. “Estamos desahuciadas, tristes. En esto se ven las diferencias entre niveles económicos de una y otra familia”, dijo Alejandra González, una de las hijas del martillero. “Pensamos que esta vez la Justicia iba a estar de nuestro lado. Pero ahora la jueza dice que no hay elementos suficientes (para mantener detenidos a los acusados). Entonces parece que las tomografías están dibujadas o que la opinión de los médicos es un chiste”, ironizó Alejandra González. “Desde el principio buscamos que estos chicos paguen por lo que hicieron. Nunca pensamos en sacar rédito, pero parece que lo económico sí tiene peso”, lamentó.
La fiscal Reinoso Cuello, en tanto, esperará que la causa regrese a sus manos antes de seguir investigando. Una vez que ello ocurra, deberá definir si González está en condiciones de prestar declaración, un paso fundamental para determinar si uno o los dos jóvenes fueron los que lo agredieron el 11 de noviembre.
Los jóvenes deberán depositar una fianza que sería de $ 10.000 y cumplir con una serie de medidas restrictivas que incluyen no concurrir a centros nocturnos de diversión, no abandonar la provincia y realizar, con su familia, un tratamiento contra la violencia.
La magistrada tomó esta decisión luego de rechazar el pedido de la fiscal VI de Instrucción Adriana Reinoso Cuello (secretaría de Juan Carlos Lionti) de que se les dictara a ambos la prisión preventiva al imputarles lesiones gravísimas.
Lenis de Vera consideró que no había elementos suficientes para realizarles esa imputación y los acusó de lesiones graves, delito que es excarcelable.
Juan Colombres Garmendia (h) y Mario Mirra, defensores de Fortini, se mostraron complacidos con la decisión de la jueza. “Con los informes médicos no se pudo demostrar que González haya sufrido lesiones gravísimas, por lo que resultaría excesivo que ambos continúen detenidos”, indicaron los profesionales, que ayer realizaron todo tipo de gestiones para lograr que su defendido quedara en libertad. José Agustín Ferrari, representante de Cura, no emitió opinión sobre el fallo.
Leonardo Coria y Carlos Picón, representantes del martillero, tampoco se mostraron sorprendidos por la decisión que tomó la magistrada.
La familia de González, en cambio, recibió la noticia con una mezcla de tristeza e impotencia. “Estamos desahuciadas, tristes. En esto se ven las diferencias entre niveles económicos de una y otra familia”, dijo Alejandra González, una de las hijas del martillero. “Pensamos que esta vez la Justicia iba a estar de nuestro lado. Pero ahora la jueza dice que no hay elementos suficientes (para mantener detenidos a los acusados). Entonces parece que las tomografías están dibujadas o que la opinión de los médicos es un chiste”, ironizó Alejandra González. “Desde el principio buscamos que estos chicos paguen por lo que hicieron. Nunca pensamos en sacar rédito, pero parece que lo económico sí tiene peso”, lamentó.
La fiscal Reinoso Cuello, en tanto, esperará que la causa regrese a sus manos antes de seguir investigando. Una vez que ello ocurra, deberá definir si González está en condiciones de prestar declaración, un paso fundamental para determinar si uno o los dos jóvenes fueron los que lo agredieron el 11 de noviembre.








