La Constitución decorativa

Un informe del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, basándose en testimonios múltiples de todo el país, afirma que los cortes de rutas implementados por vecinos de Gualeguaychú y los protagonizados por representantes del campo, constituyen parte de una tendencia creciente donde los piquetes dejaron de ser arma exclusiva de los desocupados.
Grupos vecinales, estudiantes, comerciantes y organizaciones muy diversas superan inclusive a los precedentes, y circunstancias muy diversas los convocan para demandar a los poderes públicos en cualquier momento sin consideración alguna a los derechos de terceros.
Para el presente mes, organizaciones de piqueteros han programado públicamente un plan destinado a interferir los actos del presidente Kirchner y seguramente no hallarán obstáculos, pues la respuesta del ministro del Interior ha descartado toda acción represiva; es decir, la misma regla con que el Gobierno ha venido manejándose desde su asunción, y según la cual el orden legal debe ser pospuesto cuando se trata de necesidades políticas circunstanciales. La tesis oficial reiteradamente expuesta como fórmula de orden público responde a un criterio según el cual las instituciones pueden ser eludidas si los requerimientos de gobierno lo demandan. A tal punto que la política exterior del país puede ser delegada en comisiones vecinales que cortan fronteras sin impedimento alguno.
   La crisis del orden público acaba de registrar otro caso máximo con el incendio de un tribunal en Corral de Bustos -Córdoba- por una población amotinada por un caso de violación de una menor y la presunta ineficacia en la lucha contra la inseguridad. En ningún momento se produjo intento alguno de impedir ese amotinamiento, dando con ello pauta de que otros poderes del Estado omiten sus deberes bajo la persistente presión del Ejecutivo Nacional.
   Hasta el momento no existe testimonio alguno de que el Gobierno federal haya desistido de esa abstención, y si el ministro del Interior afirmó en alguna ocasión que habrían de impedirse los cortes de rutas por agricultores, prestamente aclaró que no se trata de reprimirlos. Por su parte, otro informe de Transparencia Internacional, donde nuestro país ocupa el puesto 94° entre 163, se basa en diferentes situaciones que son notorias y lo alejan de condiciones aceptables en la comunidad mundial. Entre ellas, el debilitamiento del Congreso, donde no se registra un solo pedido de informes al Poder Ejecutivo, además de observarse la extraordinaria delegación de facultades en el Presidente, amén de los decretos de necesidad y urgencia.
   Ni qué decir que el grave episodio de Corral de Bustos está señalando que la Justicia no se mantiene activa en la defensa del orden republicano, último recurso institucional para preservar la vigencia real de la Constitución. Ese ausentismo de las responsabilidades que competen al equilibrio de los valores esenciales, sin lo cuales el Estado deja de ser el modelo diseñado por la Ley Suprema, ha permitido una centralización del poder a tal punto, que la seguridad jurídica, inseparable del orden público, es tan sólo una posibilidad antes que una certeza. Por todo ello, la fórmula que permite eludir oportunistamente los deberes constitucionales se vuelve contra quienes la practican, al constituir el más grave testimonio de corrupción. Aun es tiempo de rectificaciones, optando por la certeza y la seguridad del sistema republicano que hace tiempo ha dejado de ser poco más que un modelo decorativo de nuestra realidad pública.