La ciudad debe contener a los discapacitados

Nuestro último suplemento Actualidad estuvo dedicado íntegramente a ofrecer crónicas, comentarios y opiniones sobre un tema de gran importancia comunitaria. Esto es, la situación de las personas afectadas por algún tipo de discapacidad y las condiciones para desenvolverse normalmente que se les presentan, en la práctica, entre nosotros y especialmente dentro del ámbito de esta capital. No es un problema menor. Hay que pensar que, de acuerdo con las estimaciones oficiales, en toda la provincia habría actualmente unos 120.000 discapacitados. Esta cifra es mayor que el promedio calculado para el país que, según las estadísticas, llega al 7,1%.
   En San Miguel de Tucumán, a pesar de las disposiciones que contiene la legislación, tanto nacional como provincial y municipal, el discapacitado se ve forzado a afrontar una serie de inconvenientes. Dentro de la larga lista de ellos, corresponde incluir no sólo la falta de rampas de acceso, sino los muchos casos en que estas pierden efectividad por su defectuosa construcción. También, la falta de instalaciones sanitarias especiales; o de lugar en las guarderías para las sillas de ruedas; o el alto excesivo de los escalones de ingreso a los ómnibus, para dar sólo algunos ejemplos. Existen, asimismo, fallas que, si molestan a todos, son especialmente perjudiciales para el discapacitado. Hablamos de las veredas rotas, los pozos callejeros sin señalizar, las sillas y motocicletas colocadas sobre las veredas, etcétera.
   No puede decirse, repetimos, que no se cuente con pautas legales suficientes para encarar la cuestión. Lo que ocurre es que el incumplimiento de las normas respectivas es una actitud desgraciadamente generalizada. Esto aunque resulte innegable que, en  las últimas décadas, ha hecho camino en la conciencia colectiva la noción de que existe la obligación común de observar todas las conductas enderezadas a integrar al discapacitado a la vida normal.
   Como lo dice nuestra nota, debe recordarse que la discapacidad no solamente se da en los medios urbanos, sino también en muchas zonas de la campaña, derivada de factores como la mala nutrición, el alcoholismo o la consanguinidad.
   Afirma el Gobierno que una gran  proporción de estos casos se halla atendida por programas nacionales específicos, y que se están por poner en marcha otros para proporcionar capacitación laboral a esas personas, lo que resulta por demás plausible, desde todo punto de vista.
   Sabemos que se ha logrado, en estos últimos meses, que las normas antitabaco tengan una vigencia masiva en la ciudad. Ello indica que es posible hacer que las leyes se cumplan, si el Estado, como encargado de esa observancia, se propone realmente lograrla.
   Nos parece que, en el caso de los discapacitados, corresponde aplicar un criterio igualmente riguroso.
   Esto es, hacer que se cumpla con la instalación de todos los recaudos para el desenvolvimiento de esas personas en la vida diaria; sin perjuicio de perfeccionar el cuerpo de normas, si alguna cuestión importante hubiera escapado a la legislación.
   En los años recientes, se sostiene con fuerza e insistencia la necesidad de hacer respetar, en toda circunstancia, los derechos que la persona humana tiene, por su sola condición de tal. Y bien, el discapacitado, como ser humano afectado por algún tipo de inconveniente físico, merece tener las posibilidades de disfrutar plenamente de la vida, y no resultar injustamente discriminado.
   Estado y comunidad deben cuidar de que así ocurra efectivamente.