La doctrina del poder

El Consejo de la Magistratura ya está en funciones, pero con mayoría oficialista. La militarización en Fray Bentos cierra otra puerta a la negociación por las papeleras. Por Angel Anaya - Columnista.

02 Diciembre 2006
BUENOS AIRES.- Finalmente, el Consejo de la Magistratura ha quedado en funciones de acuerdo con el prolijo encaje elaborado por la senadora Fernández de Kirchner; es decir, anclado en el modelo que lo convierte en un órgano institucional del Poder Judicial dependiente de su mayoría oficialista. La vicepresidencia de Carlos Kunkel es también una demostración de que al poder no le preocupa demasiado aparecer con las manos en la masa cuando se trata de consolidar su supremacía en la política real. Dos victorias en breve tiempo se atribuyó en ese orden la primera dama, la “adecuación” del Consejo a los intereses del Poder Ejecutivo, y la reglamentación de los decretos ley (DNU) que amplió el poder presidencial sorteando el carácter excepcional que les asigna la Constitución. Por esa vía presidencialista y sin mayor rubor, el presunto candidato a la gobernación bonaerense, Daniel Scioli, no ha tenido reparos en definir el padrinazgo de Kirchner como el del “capitán” que dispone, a la vez que el jefe del justicialismo federal, José María Díaz Bancalari, lo ha proclamado como “gran elector”, sentenciando definitivamente toda posibilidad de internas en el PJ intervenido. La cartilla electoral, como se observa, ya está escrita en el oficialismo y corre por afuera de los partidos: es decir, no sólo la emergencia económica sino también la política constituyen la doctrina kirchnerista del poder.
Cada jornada se cierra una nueva puerta para negociar el conflicto sobre el río Uruguay y la última en ese orden ha sido la de su virtual militarización por el presidente Tabaré Vázquez, con fuerte réplica de Kirchner. En el orden constitucional uruguayo las fuerzas armadas pueden intervenir en situaciones de inseguridad interna, pero en nuestro caso, el creciente ostracismo a que fueron sometidas tras el Proceso ha limitado sus acciones específicas a la defensa externa. Esto debe entenderse para comprender la distinta visión del conflicto con que se manejan los dos presidentes. El uruguayo, temeroso de que la movilización incesante en la vecina entrerriana provoque algún exceso vecinal que lo deje debilitado frente a la oposición política, hasta ahora solidaria con todos los pasos en defensa de la papelera Botnia. El argentino, tratando de compensar con su invocación del pasado histórico, la serie de descalabros que han provocado los cortes vecinales y que probablemente seguirá en dos o tres semanas en la Corte Internacional de La Haya. La militarización del caso lleva por lo demás a una conclusión obvia: debe descartarse toda mediación, pues en la eventualidad de que el mediador no coincidiera con el fortín de Gualeguaychú-Colón, el rechazo vecinal sería inmediato, y ya es sabido que Kirchner no aprueba los cortes, pero descarta impedirlos. (De nuestra Sucursal)

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