El ex juez afirma que se violó su derecho a la defensa en juicio

“Está violado y coartado mi derecho de defensa en juicio. Creo en la Justicia de los hombres buenos, pero lamentablemente hay que buscarlos con lupa”. De esto se quejó ayer el destituido juez federal Felipe Terán, que repudió el procesamiento dispuesto en su contra por su reemplazante en el cargo, Mario Racedo, en la “causa Borquez”. Esta fue clave para que Terán fuera removido del cargo por mal desempeño.
El ex juez estuvo en los Tribunales Federales, donde se notificó de la resolución y apeló. “De ser un magistrado de la Nación, pasé a ser un procesado. Mis abogados no pudieron presenciar la toma de declaración de algunos testigos, como los funcionarios del Ministerio de Economía. Además, tomaron declaraciones en la mañana (lunes), cuando ya estaba decidido el procesamiento. Por ello, esta decisión de Racedo es nula”, dijo.
Terán aseguró que Racedo no investigó nada sobre la causa. Acotó que, si se hubiese pretendido recuperar los títulos públicos depositados en la cuenta (de Inés Yolanda Borquez), deberían haberla embargado. “Sólo autoricé el pago de la renta de los bonos por U$S 620.000, no el capital, como salió luego, y menos por los U$S 4 millones que se agregaron luego. Yo fui quien volteó la medida cautelar (a favor de Borquez) e hice la denuncia ante el fiscal federal (Carlos Brito). Extraoficialmente me dijeron que si yo no me hubiese comportado de ese modo, no habría sido procesado. Dicen que no fue por mi voluntad, pero los abogados de la Nación jamás hicieron nada, no fue el Espíritu Santo el que actuó”, ironizó.

Recurso de apelación
Ricardo Scheuermann, uno de los defensores de Terán, precisó que interpusieron el recurso de apelación contra el auto de procesamiento (que incluye un embargo por $700.000), porque no hay elementos. Racedo le imputó al ex juez tres presuntos delitos en concurso real: supuesta autoría de defraudación en perjuicio del Estado en grado de tentativa, de incumplimiento de los deberes a su cargo y de falsificación ideológica de instrumento público.
Destacó una circunstancia que, a su entender, constituye una palmaria violación al derecho a la defensa en juicio de su defendido. “Terán no se abstuvo de prestar declaración indagatoria (ante Racedo). Sólo se remitió a la documentación y a la defensa que había presentado en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento, algo que no fue tenido en cuenta en el auto de procesamiento”, manifestó.
Finalmente, el destituido Terán preguntó: “no sé de dónde Racedo sacó el monto de $ 700.000 para trabar el embargo, si no hubo perjuicio para el fisco (el supuesto delito quedó en tentativa), ni hay querellantes”.