Se agudizó la corrupción sindical

Los últimos tiempos han estado dejando testimonios de cuán corrupto es el sistema de unicato sindical que fulmina el artículo 14 bis de la Constitución nacional. Seguramente, el episodio más grosero fue la confrontación interpares de San Vicente en el paradójico Día de la Lealtad peronista, a pesar de la cual, la diversidad interna de la Confederación General del Trabajo, beneficiada por la Ley 23.551, de asociaciones sindicales, no se manifiesta en rupturas del sistema autoritario identificado por su identidad política.
El referido artículo constitucional establece la libertad de asociación mediante la simple inscripción en un registro oficial que atribuye los mismos derechos representativos a las entidades.
La interpretación capciosa de esa norma suprema pretende confundir libertad sindical, es decir, la de afiliarse o no a un sindicato, con la de reunirse o asociarse.  Una decena de organizaciones de derechos humanos solicitó hace dos años al Presidente de la Nación que ponga fin a la extraordinaria demora en la concesión de personería gremial para la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), con más de un millón de afiliados, mas hasta el momento la insistencia ha sido inútil, debiendo conformarse con la personería jurídica, que no habilita para la representación de intereses laborales específicos.
   Por otra parte, debe señalarse que en la Argentina hay alrededor de 2.000 sindicatos en condición semejante y que no están habilitados para negociar convenios vinculados a la relación laboral.
El régimen de sindicato único es una añeja herencia política con raíz peronista, que ha superado el largo proceso de crisis políticas e institucionales, salvo intervenciones temporarias que no le afectaron su perdurabilidad.
Inútiles han sido no sólo la definición constitucional, como la Declaración  Universal de Derechos Humanos (Art. 23), el Pacto de San José de Cosa Rica (Art. 16) ˆincorporados a nuestra Carta Magna- o el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo que ha insistido reiteradamente en poner fin al monopolio de la CGT.
Tras el escándalo policial de San Vicente, donde se puso de manifiesto groseramente la gestión del secretario general Hugo Moyano, el protagonismo del unicato como instrumento político del poder público y la relación entre el Gobierno con la CGT se hicieron más intensos y excluyentes.
Por ello, el presidente Néstor Kirchner debe pagar el alto precio de la autonomía moyanista, que recurre cuando lo considera oportuno a violentar las normas laborales en beneficio del propio gremio, ya sea por sí o mediante su familia.
Puede afirmarse sin error que en el país no se practica la democracia sindical desde hace más de medio siglo, pero lo más grave es que el grado de corrupción señalado se produzca cuando la promesa de un tiempo nuevo suele ser la bandera prometida para el porvenir.
No menos graves son el silencio o la omisión del tema que se advierte en otras expresiones políticas frente a esa descomposición del sistema sindical, donde por añadidura la renovación de dirigencias prácticamente no existe, configurando una gerontocracia como sistema.
No se advierten ciertamente perspectivas de cambio de ese régimen corporativo inspirado por el fascismo mussoliniano,  pudiendo afirmarse que en ningún momento desde la restauración democrática fue posible encararlo y, si lo intentó el ex presidente Raúl Alfonsín, debió resignarse ante los 13 paros generales de que se jacta hoy el unicato.