La propiedad privada debe ser respetada

Hemos informado acerca de la actitud de unas 70 familias, que resolvieron ocupar terrenos ubicados al sur de la ciudad: uno de ellos es de propiedad privada y el otro, del dominio fiscal. De acuerdo con nuestra crónica, en el primero, los ocupantes demarcaron parcelas para instalar viviendas, y se negaron a retirarse. En el segundo, arrancaron la cerca perimetral y, según un dirigente del barrio, ya hasta venden parcelas: el ámbito se usaba hasta entonces como cancha de fútbol -era el único espacio verde del sector-, y estaba prevista allí la construcción de una escuela y de un centro deportivo.
   El argumento de los ocupantes es, obviamente, que no tienen otro lugar donde poner sus casas. Finalmente, la cuestión se halla ahora en manos de la Justicia.
   Ya en otras ocasiones hemos llamado la atención sobre casos similares. Estos han sido denunciados en diversos puntos de la provincia, y publicamos abundantes informaciones a ese respecto.
   No parece necesario puntualizar que, en el sistema jurídico que rige en la Argentina -y por cierto en Tucumán-, una de sus bases es la propiedad privada, cuyas únicas limitaciones son las que autoriza expresamente la ley.
   En ningún caso y, por ninguna circunstancia, los particulares pueden arrogarse la facultad de ocupar predios que no les pertenecen.
   Las situaciones sociales de desamparo son, sin duda, abundantes en el territorio de esta provincia, y sería imposible negar que ellas existen.
   Se trata de realidades que deben ser tenidas en cuenta por el Estado, como responsable del bien común de los ciudadanos: dentro de su misión está el diseñar las estrategias adecuadas para arbitrar soluciones que corrijan costados tan penosos de la vida de la comunidad.
   Pero tales soluciones nunca pueden venir por el camino de una usurpación que, en los hechos, representa disponer libremente de inmuebles que son propiedad del fisco o de las personas privadas. Tal es un principio troncal de nuestro sistema, que debe ser mantenido en toda circunstancia.
   Su desacato no solamente violenta normas básicas sino que irroga injustos perjuicios a los propietarios, forzándolos a acudir a los tribunales para enredarse en largos pleitos a la búsqueda de que algún día se les reconozca un derecho que nunca debió ser conculcado.
   Es sabido que las usurpaciones reconocen diversos orígenes y tienen distintas características. Muchas veces son llevadas a cabo, de propio impulso, por las familias que buscan un lugar que les permita asentar, de alguna manera, sus precarias viviendas. En otros casos, los responsables del recurso ilegal son terceros que, con fines políticos y clientelares, prohíjan tales actitudes, con lo cual crean realidades de hecho cuya solución posterior resulta sabidamente difícil y costosa.
   Pero, sea cual fuere el origen de las usurpaciones, se produce con ellas, repetimos, un daño inadmisible a principios fundamentales de la legislación, que todos tienen obligación de respetar.
   Nos parece que el Estado debe tomar medidas para que actos de esta índole no lleguen al hecho consumado y sus derivaciones. Y que, por su parte, la Justicia debe agilizar al máximo los procedimientos respectivos.
   De modo que quede suficientemente claro, para todos, que la propiedad privada existe entre nosotros.    Puesto que aspiramos a que el país proyecte una imagen de seguridad jurídica, este resulta un tema de capital importancia.