El embudo

Es un caso singular. Los jueces se preocuparon ayer por tratar de demostrar que la demora de 15 años para que se haga justicia en un caso de violación era algo insólito. Nadie pudo explicar qué pasó. Un expediente traspapelado, falta de control de calidad... en la Justicia penal no se aplican las normas ISO de las que tanto se ufanan los juzgados de cobros y apremios.
Es posible que sea singular; pero también podría ser un ejemplo de los riesgos que existen en un sistema de proceso penal lleno de complicaciones. Muchos son los casos que esperan resolución, como el de un atentado con granada en Yerba Buena, con lesiones gravísimas, que no termina de ir a juicio, a ocho años del hecho. No parece casualidad que la causa por el crimen del juez Héctor Aráoz haya sido elevada a juicio a dos años del hecho. La acusada, Ema Gómez, podría pedir salir en libertad en estos días. Las ley lo permite.
Quizá se diga que son los planteos y apelaciones los que demoran sine die los procesos. Eso se ve en estos días con la investigación de la docente desaparecida, en cuya causa el abogado defensor de las detenidas ha planteado más de 30 nulidades.
Pero el drama de las demoras y apelaciones ya se vio hace un año, cuando se denunció que las salas de la Cámara Penal recibían muy pocas causas. El juez Emilio Páez de la Torre dijo entonces que no se notaba que hubieran disminuido el delito, ni los procedimientos, de lo que se concluía que se trataba de una praxis deficiente. Se notaba, entonces, que muchas causas caían o se demoraban por estar mal instruidas por la Policía o por no haber sido bien atendidas en las fiscalías, que estaban -y están- cada vez más atiborradas.
A la vez, los fiscales se encuentran presionados para entregar un mínimo de causas por turno. Eso hace que se preocupen por cerrar el cupo con “casos bagatela” -de poca importancia- y que posterguen las investigaciones importantes.
Tampoco ayuda la infraestructura. Las fiscalías trabajan en condiciones precarias en el ex Comando, y las salas de juicio oral no fueron trasladadas desde Tribunales porque debían ser instaladas en el segundo piso del ex edificio militar y allí no hay ascensores.
Hace un año, exactamente, se hizo una reunión de camaristas con el presidente de la Corte, para atender el problema de las pocas causas enviadas a juicio. La jueza María del Pilar Prieto había estimado que se trataba de una cuestión de organización del fuero penal, que debía ser analizada. Pero no parece que se haya avanzado mucho sobre eso.
Todavía se mantiene el embudo del fuero penal que significa una sala única de apelaciones, sobre la que se concentra el 80% de las causas. Fue a pedido del nuevo Gobierno que se reformó en 2003 la Ley Orgánica de Tribunales y se reinstauró el sistema de Cámara de Apelaciones única, integrada por los jueces Eudoro Albo, Liliana Vitar y Elva Jiménez, que antes eran una de las siete salas penales.
Por otra parte, en su reunión con el vicegobernador Fernando Juri, Alberto Lebbos y la comisión de familiares de víctimas de la impunidad reclamaron que se hagan realidad 20 proyectos de ley. El legislador Daniel Heredia contestó que la mayoría de esos proyectos tienen dictamen de la comisión de Seguridad. Pero no se hacen sesiones legislativas para tratarlos.
En definitiva, el caso que puso a la sala VI de la Cámara penal en el ojo de la tormenta podría ser realmente singular. Pero también pone sobre el tapete que los problemas de funcionamiento de la Justicia penal no se han resuelto.