Mal lugar para la Argentina

El índice de calidad democrática “El mundo en 2007”, a cargo de The Economist Intelligence Unit, ha revelado que, si bien ese sistema político se ha ido extendiendo por el planeta, no ha ocurrido lo mismo con los niveles requeridos por el régimen menos imperfecto que ha conocido la humanidad, como lo definió, tras la derrota del nazismo, Winston Churchill. Un dato referencial negativo de la investigación corresponde a Estados Unidos, donde han sido afectadas las libertades civiles, como consecuencia de la guerra contra el terrorismo; situación semejante registra Gran Bretaña, que lo mismo ha dejado de ser ejemplo tradicional de libertades y calidad política, pues ninguna de ellas figura en el grupo calificado que inicia Suecia y cuya particularidad es que se trata de países sin el tradicional poderío militar y económico de aquellos.
Es decir, de las sociedades nacionales con mayor cultura y signos de plenitud democrática, generalmente de origen nórdico, si bien figuran entre ellas Australia y Nueva Zelanda, ubicadas al sur del planeta, y desmintiendo así el atávico signo negativo que los latinoamericanos se atribuyen. En el grupo de “democracias  plenas” figuran Costa Rica y Uruguay, dos excepciones que contrastan con el resto de la región.
Muy lejos de sus hermanas latinoamericanas queda la Argentina, a la que se asigna un puntaje de 54, que, con ligeras variantes en el tiempo, no logra salir de la categoría de “democracias imperfectas”, aunque considerablemente aventajada por Sudáfrica y Chile. Por debajo de nosotros en la región figuran Colombia, Honduras, El Salvador, Paraguay, Perú, Guatemala y Bolivia.
El caso argentino constituye una figura extraña dentro de la realidad mundial, pues los recursos culturales y económicos no se condicen con esa sostenida realidad, si bien las diferentes clases de populismo y las interrupciones constitucionales restringieron el interés por la política y las libertades civiles.
   Testimonio llamativo es la sucesión de accidentes institucionales que desde la restauración democrática de 1983 han impedido mantener una línea ascendente de crecimiento socioeconómico y fortalecimiento institucional.
En su último informe a la Cámara de Diputados, el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, llegó a sostener que la masiva concesión de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo debería mantenerse mientras perduren las dificultades de diferente carácter que “pusieron al país en el infierno”.
   El argumento oficial marcó un criterio según el cual el régimen republicano constitucional solamente es posible cuando no hay dificultades. Tan degradada concepción del sistema democrático viene a ser la conclusión del ciclo evolutivo que culmina con una economía en crecimiento, pero a costa de un hiperpresidencialismo que llega a la reducción del régimen federal, virtualmente congelado por el manejo centralista y personalizado de los recursos públicos.
   Todo ello ha sido posible por el debilitamiento de los partidos políticos en la conciencia ciudadana, aprovechado por la tendencia hegemónica del poder. Se trata del orden de lealtades que las dirigencias partidarias mantienen con el Poder Ejecutivo y que agravó el viejo y perverso principio según el cual las bancas de los cuerpos colegiados pertenecen a los partidos y a sus líderes, antes que a quienes las ocupan por decisión de la ciudadanía democrática. El juego de las libertades públicas es por ello más ficticio que realista, razón por la cual en la calificación de Freedom House estamos colocados entre las naciones “parcialmente libres”.