Cartas de lectores

GUERRA NUCLEAR
  Como docente universitaria, especialista en Historia Contemporánea, específicamente en totalitarismos y antisemitismo; comprometida no sólo intelectual sino éticamente con la lucha y las acciones contra el racismo, la violencia y todo tipo de exterminio, considero un deber reaccionar ante las expresiones vertidas por el politólogo (¿) Carlos Escudé. Esto me lleva a reflexionar una vez más acerca del papel de los intelectuales y su exigencia respecto de una ética de la responsabilidad, es decir de nuestro compromiso para con la humanidad. ¿Qué perseguía este señor poseedor de un frondoso currículum y formado en un colegio universitario en el cual siempre se inculcó el respeto a la pluralidad? Si su participación no fue fruto de la ignorancia, ¿fue producto entonces de la búsqueda provocativa de la espectacularidad? Porque con sus palabras no sólo realizó una apología de la violencia, pasible de ser penada por la ley, o un mero acto de imprudencia que podría resultar de suma gravedad para nuestros propios hermanos judíos. En realidad, a través de sus palabras ha efectuado una acción de mayor gravedad aún: ha traicionado su ética como intelectual, al sustentar una ideología de la muerte que no se diferencia de la del Estado racial nazi.



JUBILADOS
  Me valgo de esta  tribuna popular para reclamar, una vez más, al Gobierno de la provincia el cumplimiento de la ley que establece el pago de la movilidad del 82% para los sobrevivientes jubilados transferidos a la Nación. Paralelamente, por obligación moral, debo también contestar la carta firmada por Roberto Beltrán y publicada en esta sección el sábado 18/11. No pretendo una defensa personal, sino reiterar que lo condenatorio es la inacción de la Federación de Jubilados para lograr el pago del 82% móvil establecido por la Ley 7652, para los jubilados transferidos, y su vehemente discurso a favor del gobernador, que está incumpliendo la ley mencionada, en perjuicio de numerosos jubilados; esta es para nosotros  de vital importancia. La simple lectura de las dos cartas firmadas por el presidente de la Federación, Alberto Sir, lo demandan por esta incongruencia, que más se parece a un manifiesto político partidista que a una defensa de los jubilados. Llama poderosamente la atención esta posición de enajenar el poder y el derecho gremial al mandatario. Por último, debo responderle al memorioso Roberto Beltrán, que en las anteriores y en la presente lucha por los jubilados siempre estuve en la primera línea, por cuanto entendía y entiendo que todos luchábamos por todos. No como ahora, al parecer.



FONOAUDIOLOGOS
¿Es posible que el Subsidio de Salud, que ya nos mermó el precio de las prestaciones hace varios años y no recompuso los montos nunca, hoy, escudado en el “techo” convenido con nuestro Colegio, nos avasalle nuevamente? El Colegio de Fonoaudiólogos pone su “esfuerzo administrativo” para retener las órdenes que superan el techo para posibilitar su refacturación, lo que se convierte en un “ahorro forzoso” para paliar los meses de baja facturación y evitar el débito del remanente. Nadie tiene el derecho a decidir el destino del dinero ganado por un trabajo ya efectuado, ni obligarnos a aceptar determinaciones internas, ni dificultar el cumplimiento de obligaciones. Solicito a los responsables que adopten las medidas necesarias, a la par que convoco a los colegas afectados a unificar esfuerzos para exigir el cumplimiento de derechos adquiridos y evitar el recorte del pago, el ahorro obligatorio y la pérdida de un alto porcentaje de lo facturado.


DISCRIMINACION (I)
  Recientemente, me tocó vivir un momento que no esperaba cuando con mi novio, que es discapacitado visual, y con un grupo de amigos decidimos ir a bailar a un boliche que está ubicado al frente de la Plazoleta Mitre. Cuando íbamos a ingresar, los policías que se encargaban de la seguridad del lugar nos pidieron, de la peor manera, que nos retiráramos porque “los discapacitados no podían entrar”. Ante nuestra insistencia sacaron a relucir la remanida frase: “la casa se reserva el derecho de admisión”. Esto no nos había sucedido nunca, en ningún otro lugar, y espero que no se repita. También espero que los organismos de derechos humanos se hagan eco de la lucha por lograr que se respeten los derechos  a la igualdad de todas las personas.
 


DISCRIMINACION (II)
  En 2004, el Ministerio de Educación de la Nación inscribió para capacitar a los profesores de los institutos de formación docente del país, mediante convenio con las universidades, en este caso con la UNT, para realizar el posgrado en Didáctica y Currículum. Al inscribirme cumplí con todos los requisitos solicitados; pero grande fue la sorpresa cuando llegó el padrón con la selección y mi nombre figuraba al último, de un total de 20 inscriptos en la Escuela Florentino Ameghino de Juan B. Alberdi. Al solicitar información en la Dirección correspondiente, la respuesta fue que se tuvo en cuenta la edad de los participantes, y que los docentes mayores de 50 años eran calificados al último por considerar su proximidad a la jubilación. ¿Acaso los docentes de dicha edad no tenemos derecho a actualizar nuestros conocimientos?  ¿Por ser mayores, ya no asimilamos lo mismo? ¿Nuestro conocimiento y experiencias ya no le sirven al sistema? Si hay superávit en el presupuesto de la Nación para Educación, ¿por qué no nos capacitan a los pocos docentes inscriptos en cada Instituto? ¿Por qué si ya somos viejos para el sistema no nos jubilan antes de los 60 años? Sería importante que los ministros Filmus y Montaldo y la Directora del Posgrado revean esta situación para permitir el ingreso a los docentes  que nos consideramos capaces y deseosos de actualizar nuestros  conocimientos.



GUARDIA MEDICA
 El jueves 27/10 llevaron descompuesta al hospital de Santa Rosa de Leales a mi prima, en donde la atendieron en el servicio de guardia. Cuando sus familiares comprendieron la gravedad del cuadro pidieron que la derivaran en ambulancia a la capital. Inexplicablemente, nos dijeron que no era un caso de gravedad. Mi sobrino, hijo de la enferma, tuvo que pedir prestado un vehículo, buscar a su madre en Santa Rosa y luego volver a Tucumán, con el riesgo y la angustia que implica llevar a su madre moribunda y la pérdida de tiempo que ello significó. Al día siguiente, mi prima falleció internada en la capital. ¿En qué caso se considera grave una enfermedad? ¿Qué es una urgencia? Ya que se dice que el Estado provincial provee los elementos necesarios para servir a la comunidad, ¿por qué no lo utilizaron en este caso? Esta señora de la que hablo fue, durante años, maestra en esa zona. Me refiero a Dalmira Teseira de Romano, hoy fallecida. ¿Por negligencia médica?