Las rendiciones nulas y las vergüenzas varias

El acto de rendir cuentas es una manifestación pública de la igualdad de los poderes del Estado. Es el instante en que los estamentos ejecutivos, que disfrutan de potestades y de libertades varias para -precisamente- ejecutar los recursos públicos, se someten a los estamentos legislativos, los cuales deben analizar si se ha gastado bien o mal. Y luego aprobar, o no, lo hecho por los funcionarios. Se trata de un momento culminante para el sistema republicano. Porque así como aquí, por estos días, la obra pública es la consagración de los gobernantes, las rendiciones de cuentas encarnan en todo Occidente, desde siempre, la reivindicación de los cuerpos integrados por representantes populares. Tanto por una cuestión de lógica administrativa como de dignidad política: si ellos han aprobado el presupuesto, deben confirmar que ha sido invertido cumpliendo sus pautas.
Es interesante advertir que en Tucumán, digamos, hay una visión diferente del acto por el que los funcionarios dan explicaciones sobre el uso del erario. En el subtrópico, las rendiciones de cuentas no importan. Carecen de sentido. Por tanto, constituyen un trámite absurdo. Una molestia. Una formalidad con la que hay que cumplir porque (qué se le va a hacer) hay una ley que dice que hay que hacerlo. Así opera el cáncer institucional: primero se pervierte el procedimiento, y luego la ley es letra muerta. Pura forma. Nulo sentido.
El informe del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta de inversión de 2005 que le remitió el Gobierno ya había mostrado este criterio tan especial de los gobernantes vernáculos. La lamentable rendición de gastos del Ejecutivo está hecha para que un tucumano que quiera saber en qué gastan el dinero de sus impuestos nunca pueda saberlo. Los disparatados balances revelan que a menudo ni siquiera coincide lo que el Tesoro dice enviar con lo que las reparticiones declaran recibir. En medio, la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas opta por no remitir al órgano de contralor las rendiciones de cuentas que le mandan las delegaciones rurales.
Como si no alcanzara, la Municipalidad de Concepción vino a ratificar esta convicción de que rendir cuentas es, en el mejor de los casos, puro papeleo burocrático. Sus gastos de julio, agosto y setiembre, por casi $ 16 millones, fueron presentados al Concejo Deliberante en una carilla. Dice, simplemente, que el gasto en personal es de casi $ 4 millones en el trimestre, sin que pueda conocerse, por ejemplo, cuántos empleados públicos tiene “La Perla del Sur”. Ni cuánto ganan los funcionarios. O informa que la inversión en “obras varias” es de casi $ 1,6 millón; pero no se explica cuáles son las obras públicas, ni cómo fueron adjudicadas, ni el grado de ejecución, ni cómo se pagaron, ni cuánto valió cada una.
Ahora bien, lo grave no es que el Ejecutivo municipal remita semejante afrenta contra todo control de sus actos (en consonancia con la cuenta de inversión de la Provincia). Lo alarmante es que siete de los 12 ediles lo hayan aprobado. Incluso, que al recinto llegara un dictamen que proponía votar primero, y pedir los comprobantes después. Por cierto, luego lo empeoraron: al final, decidieron aprobar la paginita, sin pedir la documentación respaldatoria.
Habría que tenerle más cariño a la banca. O al menos, más respeto.
En Tucumán, lo que debería contribuir a la transparencia gubernamental deviene eslabón en la cadena de precarización de la calidad institucional. Un episodio más en la escena del desprecio por la ley que se ha instalado en la administración de la cosa pública. Y que tiene como capítulo idénticamente escandaloso la sistemática violación del requisito constitucional de la licitación pública para enajenar bienes o contratar servicios.
Complementariamente, el desinterés por mostrar qué se hace con el dinero de los ciudadanos no encarna sólo un riesgo financiero. Lo que está en juego es el sistema de gobierno. En la historia del parlamentarismo, los cuerpos conformados por representantes del pueblo se consolidan definitivamente a partir de ejercer el control de los gastos de la monarquía. Luego, la defensa de la república no es una declaración romántica de igualdad entre los poderes. Es, más bien, la legítima e inquebrantable voluntad de los miembros de las instituciones del Estado por ejercer el poder que les ha sido conferido.
En Concepción (esa ciudad donde no se contestan los pedidos de informes de la oposición, ni se envía al Concejo la documentación de los gastos de la intendencia, porque son varias cajas muy pesadas), la vergüenza ya está consumada. Pero en Tucumán, la Legislatura aún puede jaquear la cuenta de inversión de 2005. La República espera.