Sin sentido de la oportunidad

El sentido de la oportunidad se traduce en poder discernir cuál es el momento indicado para confrontar, cuál el momento oportuno para negociar y de qué modo hacer ambas cosas para que el manejo constructivo de un conflicto evite su escalada. En Tucumán, a las autoridades del Estado parece importarles poco la búsqueda de consensos en los temas más urticantes para el empresariado, como son los vinculados con la presión fiscal en la provincia, que parece propender a ocupar el primer lugar en el país.
Aun cuando el intendente Domingo Amaya decidió salirse del bochorno que significaba la rebaja de impuestos a las máquinas tragamonedas, los empresarios no logran reponerse del asombro por la forma en que el Gobierno tucumano -y su extensión en la Municipalidad capitalina- manejaron la cuestión tributaria la semana que pasó. En los últimos días, las autoridades demostraron que no sólo hacen caso omiso a los reclamos persistentes y generalizados respecto de la elevada carga impositiva en la provincia, sino que tomaron medidas irritantes que predisponen de la peor manera posible a quienes sostienen la economía con sus impuestos.
Lo que pasó la última semana parece sacado de una comedia ezquizofrénica de enredos. Cuando todavía no se habían acallado las quejas porque el Gobierno se dio con el gusto de lograr que Tucumán se transforme en una meca de los juegos de azar, con la instalación de un megalocal con 1.000 máquinas tragamonedas, la Municipalidad capitalina salió a favorecer a estos emprendimientos nada menos que con una rebaja tributaria del 88%. Esta decisión -que ahora será revisada por el intendente Amaya- no habría sido tan irritante si no hubiera venido incluida en el denominado Tributo de Emergencia Municipal (TEM). Este gravamen, que incrementará la presión fiscal en la capital, reemplazará al fallido Tacis, que nadie pagó y que provocó una catarata de juicios contra el Estado, porque pretendía cobrar una tasa sin brindar un servicio como contrapartida.
Mientras los empresarios se preguntaban cómo se podría explicar el hecho de que el Ejecutivo municipal busque mejorar sus niveles de recaudación obligando a que paguen más quienes abonan salarios a miles de tucumanos, y favoreciendo a empresas que se quedan con el dinero de la gente, en el Poder Ejecutivo provincial determinaron que este debía ser buen momento para confirmar que a partir del año próximo el sector agropecuario deberá pagar más impuestos. Claro que el anuncio fue “maquillado”: no es que crecerá la carga tributaria, sino que aumentarán un 100% en promedio las valuaciones en el 78% de las parcelas rurales existentes en la provincia. Ahora, los ruralistas piden que bajen las alícuotas del impuesto Inmobiliario, planteo que seguramente debe haber provocado una que otra sonrisa entre las autoridades recaudadoras de la provincia, ante el inminente inicio de un año electoral, en el que se renuevan todos los cargos electivos.
Lo singular del asunto es que toda la “movida” fiscalista que se vive en Tucumán se desarrolla en el marco del diálogo entre el Estado -provincial y municipal- con las entidades que representan al sector privado. O sea, el gobernador José Alperovich visita y recibe a empresarios -como nunca antes-, al igual que Amaya, que en los últimos días se apersonó en las sedes de la Federación Económica de Tucumán (FET) y de la Fundación del Tucumán, para pedir -palabras más, palabras menos- que los empresarios cumplan con el fisco municipal.
El grado de disgusto del empresariado local no tiene parangón, porque los hombres de negocios sienten que se perdió todo recato y vergüenza, y que las decisiones que se toman en materia impositiva muestran más falta de respeto y prepotencia oficial que medidas estudiadas para el bien de la comunidad.