Las escuelas de gestión eclesial

La Iglesia Católica aspira a que el Estado nacional cumpla con el principio de justicia distributiva y financie la educación de gestión eclesial, a fin de que sus escuelas puedan ser gratuitas.
El borrador del proyecto ya llegó a manos del ministro de Educación, Daniel Filmus, que se comprometió a estudiarlo, aunque de antemano lo consideró inviable en el contexto de crisis que atraviesa el país.
El objetivo -explicaron a DyN fuentes religiosas- es permitir a los padres con dificultades económicas que también puedan acceder a este tipo de educación para sus hijos si así lo desean.
“Pedimos que el Estado, por un principio de justicia distributiva, financie en forma equitativa toda la educación, para que la libertad de enseñanza se cumpla hasta las últimas implicancias”, argumentó hace una semana el presidente de la Comisión Episcopal de Educación, monseñor Guillermo Garlatti (Bahía Blanca), al puntear los contenidos que la reforma educativa en ciernes debería incluir.
Los obispos también buscan que sus colegios, que mayoritariamente reciben subsidios estatales para cubrir salarios, no aparezcan como instituciones de “privilegio”.
El aporte estatal, cuando se da, oscila entre el 40 y el 100 %, pero -según sostienen los representantes legales- no alcanza a cubrir los costos operativos, por eso cobran cuotas adicionales a los padres, algunas elevadas.
Además, la práctica demuestra que los eventuales aumentos salariales al sector docente repercutan en las cuotas, porque ni los colegios los absorben ni el Estado amplía los subsidios en esos casos.
No obstante el ideal jurídico-distributivo que según los obispos conlleva la propuesta, en ambientes gubernamentales -pudo constatar DyN- no le encuentran lógica y hasta llamó la atención que se difundiera en medio del debate por la reforma a la Ley de Educación Nacional, que la Iglesia asegura que “acompaña de modo crítico”.
El proyecto de ley educativa, que el presidente Néstor Kirchner elevó hace algunos días al Congreso de la Nación, no prevé cambios para el sector privado, pero sí habla de equidad y establece que a partir de 2010 el presupuesto destinado a educación deberá ser equivalente al 6 % del Producto Bruto Interno (PBI).

Fuera de un proyecto
El reclamo para lograr la gratuidad de la enseñanza eclesial tampoco encuadra con el proyecto en Diputados para modificar el sistema de financiamiento estatal a la Iglesia, que propone sean los propios católicos quienes aporten al culto a través de un deducción del 5 % en el pago de impuesto a las Ganancias. En la actualidad, la Constitución establece que el Estado debe contribuir al culto católico, concepto que hace que el Episcopado reciba poco más de $ 13 millones anuales para mantener obispados, seminaristas, sacerdotes, jubilados y parroquias de frontera.  Un dinero al cual, de momento, los obispos dicen no estar dispuestos a renunciar.
Más allá de la viabilidad de la iniciativa religiosa, la preocupación de los hombres de Iglesia pasa hoy -revelaron a esta agencia habituales voceros- porque la futura norma educativa “sostenga y respalde” la libertad de enseñanza tanto de gestión privada como pública, y no excluya de su articulado la referencia a Dios.
Se trata de una condición “irrenunciable” para las iglesias, que pugnan además para que no se conculque a los padres el derecho de elegir la fe en que quieren formar a sus hijos. Es decir, si son cristianos, en la fe cristiana; si son musulmanes, en el islam; y lo mismo si son judíos o de otra creencia.