Los números de la discordia

En la Argentina las cuentas políticas también se pagan. La aventura continuista del gobernador misionero halló su sepultura definitiva cuando la Convención Constituyente decidió no habilitar la reelección indefinida. Entonces, el obispo Joaquín Piña pudo decir misión cumplida, y Carlos Rovira pasará a la historia por haber puesto en pésima posición a la administración kirchnerista. Desde la elección perdida por Rovira la trama política empezó a tejerse de distinta manera. Oficialismo y oposición sintieron el cimbronazo y las cartas se mezclaron de nuevo. Inesperadamente ganó la primera plana el término calidad institucional. Es una nota clave para valorar la salud de la democracia de una comunidad. Rosendo Fraga definió al equilibrio de poderes, a la independencia de la Justicia y al funcionamiento efectivo de la oposición como componentes básicos de la calidad institucional. "La calidad institucional es un valor en sí mismo para una sociedad", explicó el politólogo del Centro de la Nueva Mayoría. En Misiones, la batalla por defender la Constitución la ganó una oposición abigarrada que trabó la ambición del ahijado de Néstor Kirchner. La calidad institucional se oxigenó en consecuencia. ¿Y en Tucumán, qué pasa con ella? Es más que una discusión académica. La validez de la idea parecía relativizada por lecturas más frívolas de la vida política. Los sueldos pagados al día y una plétora de obras públicas daban la impresión de que todo es color de rosa. Que las reflexiones sobre otros asuntos no encandilan a la gente se argumentaba con suficiencia.

Lenta maduración
Sin embargo, la cuestión de la calidad institucional gana trabajosamente espacio en la consideración ciudadana. Es el producto de una lenta maduración, que está lejos de haber alcanzado su punto más alto, y que puede naufragar si los actores políticos y sociales se desentienden de medir su importancia. Parte de ese proceso es la discusión de la Cuenta de Inversión, cuya aceptación o rechazo es resorte de la Legislatura, según prescribe el artículo 67 de la Constitución en su inciso 3. Que el examen de los destinos que da el Gobierno a los dineros públicos, hace a la transparencia republicana es algo que no merece dudas. El reclamo de un grupo de legisladores opositores empalma con esa creencia. Tímidamente, el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaiben Terraf, reconoció que las observaciones hechas a los cuadros presupuestarios contienen elementos preocupantes. Se cuidó, con todo, de no irritar a la Casa de Gobierno arguyendo que se corrigen las situaciones impugnadas. Hurgando entre los papeles, se descubre en qué gastó y de qué forma, y qué no se justificó.
La acordada del Tribunal de Cuentas que encendió la luz de alarma respecto de los gastos de 2005 fue una buena señal de calidad institucional. Surgieron, así, sospechas sobre los movimientos de recursos afectados a planes nutricionales, entre otros programas financiados por el Gobierno federal, al punto que la oposición (Alejandro Sangenis, Rodolfo Danesi, José Cano y Ernesto Padilla) pidió que la Legislatura rechace la Cuenta de Inversión 2005. En las elecciones de diputados nacionales celebradas ese año, en las que el oficialismo consagró a Beatriz Rojkés de Alperovich, Stella Maris Córdoba, Alberto Herrera y Juan Salim. El descomunal aparato electoral puesto en práctica el 23 de octubre del año pasado -que manejó bolsones y subsidios en forma cuantiosa- bien pudo haberse financiado con partidas de distinta procedencia.
Llamativamente, la revisión practicada en la estratégica Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas por auditores del Tribunal de Cuentas, dejó al descubierto un sinnúmero de irregularidades. La oposición dio un sesgo político a la interpretación técnica, ya que calificó a las municipalidades y comunas de ser la caja negra de las campañas electorales del oficialismo. El conductor de la secretaría, Sergio Mansilla, es uno de los dirigentes a los que algunos alperovichistas quieren impulsar para vicegobernador en 2007. Dinero para sustentar su proyecto político no le faltará. Mansilla es un obediente soldado del gobernador y hará lo que este le ordene, sin dudas. Que la controversia por lo que hace el Gobierno con el dinero público se profundice y determine responsabilidades dependerá sustancialmente de lo que haga el vicegobernador Fernando Juri.

Por razones de conveniencia
El gobernador y el vicegobernador Fernando Juri arreglaron una tregua por un tiempo impreciso. Contemporáneamente circuló la versión de que podría intervenirse el Partido Justicialista -del que es presidente Juri- por el juez federal con competencia electoral Jorge Parache, a partir de una impugnación a decisiones del consejo provincial. Esa especie sostiene que, a cambio de eso, la Casa de Gobierno intentaría influir para que Parache no sea acusado por el Consejo de la Magistratura ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, a causa de sus decisiones en el caso de los bonos posdefault. El rumor creció con insistencia en el cierre de la semana política.
Antes de uno de los viajes del gobernador a Buenos Aires, Alperovich y Juri, sin fotos ni testigos, hablaron con crudeza en el despacho del primero. De lo que trascendió ha quedado claro que no atentarán contra la estabilidad del barco que ambos pilotearán hasta 2007.
Se acercaron posiciones en torno de materias espinosas, como en el Ente de Cultura, pero en lo político perviven las diferencias. La confianza se desgastó entre ambos dirigentes, pero la temperatura descendió. El vicegobernador desarrolló contactos con empinados jerarcas del kirchnerismo en Buenos Aires. Desplegó sus puntos de vista sobre la realidad tucumana y estrechó sus relaciones políticas con la diputada Córdoba, de buenas conexiones con la Casa Rosada. La satisfacción en las filas juristas era evidente: su jefe ahora es escuchado con atención.
El kirchnerismo reaccionó tras el revés de Rovira en Misiones y procura disminuir al máximo los niveles de conflicto en los distritos que le son afines. Con todo, el vicegobernador no renuncia a su autonomía. "No soy perro faldero de nadie", suele repetir. En medio de estas escaramuzas, la Unión de Docentes Tucumanos (UDT) rescató su cercanía con el presidente de la Legislatura.
Sus dirigentes celebraron su victoria sobre su eterna adversaria -Atep- en las elecciones gremiales de vocales de juntas de clasificación de la docencia. La jefatura de la UDT siempre le enrostró a ATEP su identificación con Alperovich. Las tensiones políticas entre el gobernador y el vicegobernador se ramifican por distintas esferas de la sociedad.