La Secretaría de Coordinación no presentó la documentación requerida

El Tribunal de Cuentas de la Provincia formuló severas objeciones al manejo que el Ejecutivo da a los fondos destinados a las municipalidades y a las comunas rurales. Y, en particular, realizó duros cuestionamientos a la Secretaría de Coordinación con estas administraciones, a cargo de Sergio Mansilla. Según el informe sobre la Cuenta de Inversión 2005, la falta de registro de movimientos de fondos, la negativa de las autoridades a presentar documentación pública y hasta la violación de leyes, son constantes en esta área.
De acuerdo con los términos de la acordada 2.751, la delegación fiscal constató que falta consistencia entre las cifras expuestas en la ejecución de recursos, en la ejecución de gastos y en los movimientos financieros registrados en la cuenta especial “desequilibrios financieros de municipalidades y comunas”. Esta falta de concordancia se registra, en particular, en la relación entre el origen de los fondos y las erogaciones producidas. “Lo que permite emitir una opinión desfavorable en relación con este tema”, sentenciaron los contadores fiscales. “Esto se debe a que los recursos genuinos se presupuestan en exceso y, como consecuencia, los gastos terminan financiándose con aportes financieros del Tesoro”, explicaron.
Tal es la situación de la cuenta “desequilibrios financieros”, y los auditores informan que se encuentra imposibilitados de emitir su dictamen respecto del Balance de Recaudación de 2005. “Esto se debe a que la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales no presentó la documentación sustentatoria, a pesar de los múltiples requerimientos efectuados por el organismo técnico de control”, denunciaron.
“Esta situación es una reiteración de la ocurrida en los dos ejercicios anteriores (2002 y 2003). La Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales no proporciona la información a la delegación fiscal”, ratifican. Complementariamente, advierten que las observaciones formuladas a las cuentas especiales de préstamos y de anticipos financieros del Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (Prodiism) guardan relación directa con esa repartición del Poder Ejecutivo. (Ver “Hay ingresos...”)

Un tope transgredido
La acordada del organismo técnico de control advierte que se produjo un millonario desfase en préstamos otorgados por el Gobierno a las municipalidades, a partir de la Ley 7.467 (fue publicada el 16 de diciembre de 2004), que autorizaba un monto total para estas operaciones de $ 300 millones.
El 29 de diciembre de 2004, se otorga al Fondo Fiduciario Municipal un préstamo por 142 millones, por medio del decreto 4.751/3. En el saldo final, figuraban como otorgados por este concepto, en total, 143,2 millones. A ello debe agregarse la ejecución en 2005 de 161,7 millones, lo cual excede en 4,9 millones lo autorizado por la Legislatura. Sólo después de este desfase, se dicta una nueva ley (la 7.780) que amplia el fondo para préstamos a $ 369 millones.