Blindaje económico para las urnas

BUENOS AIRES.- El Presidente cuenta ya con mayoría parlamentaria asegurada para disponer de una nueva prórroga de la ley 25.561, de Emergencia Económica, hasta el fin de su mandato. El instrumento le permite al Gobierno estirar nuevamente la renegociación de más de una veintena de contratos con empresas concesionarias de servicios públicos, controlando y hasta bloqueando las tarifas; planes de subsidios sociales e indemnizaciones excepcionales por despidos laborales, entre otras cuestiones. El dictamen de Presupuesto y Hacienda del Senado se produjo como otra de las habituales paradojas de la política económica, a poco de concurrir a la Cámara el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, para brindar un brillante panorama sobre la realidad económica. Se trata de la cuarta prórroga del instrumento que, como Kirchner ha dicho una vez más, “nos permitirá salir del infierno”. La ley de marras tiene la particularidad de remitir al Poder Ejecutivo la conveniencia de prorrogarla y desde 2003 fue renovada invariablemente, formando parte de esa poderosa estructura política presidencial de los superpoderes y los decretos ley (DNU) que acompañarán el año electoral. El jefe de la bancada de senadores oficialistas, Jorge Capitanich, ha justificado la contradicción entre la emergencia y el discurso oficial económico, en que “todavía quedan temas pendientes”, como si el Congreso fuera incapaz de tratarlos en su rol específico.

Un golpe irracional
La repetición de contradicciones forma parte desde hace tiempo de nuestras políticas públicas, por lo que ese argumento hasta parece razonable. En el fondo, subyace la creciente incapacidad para negociar, que la Constitución establece como pauta de gobierno, y ha terminado intoxicando a nuestra clase política. Ni siquiera el impulso formidable del efecto Misiones, vaya por caso, parece ser suficiente para que la oposición demuestre un rumbo claro hacia el acuerdo en un proyecto común más efectivo que el puro hostigamiento al kirchnerismo. La nueva crisis en el radicalismo que plantea la renuncia de su presidente, Roberto Iglesias, es en ese sentido un auténtico modelo, con el sombrío pronóstico de un nuevo quiebre en el partido histórico. La sorpresiva actitud se fundó en el rechazo al lavagnismo, mientras se hace un silencioso trabajo para priorizar un acuerdo programático sobre toda discusión acerca de candidaturas. El impromptu de Iglesias no sólo contribuye a fracasar el efecto Misiones sobre la oposición, sino a favorecer la manifiesta política presidencial de congelar las internas partidarias, tratando de mantener la intervención del PJ para resolver “en familia” la candidatura mayor. Seguramente que Iglesias no es el dirigente adecuado para negociaciones “finas”, pese a lo cual, en estos momentos, se trata de que retroceda para que no sea el radicalismo la causa del fracaso del complejo y silencioso gran acuerdo en ciernes. (De nuestra Sucursal)