15 Noviembre 2006 Seguir en 
Como se viene observando sin solución de continuidad, el efecto Misiones es considerablemente más profundo que la renuncia a las reelecciones indefinidas, pues contiene un extraordinario sentido ético y moral que concierne a la transparencia de las políticas públicas. Sin embargo, se percibe a la vez que el discurso oficial, si bien se ha modificado haciéndose más comunicable con el interés ciudadano, sigue atendiendo las formas mejor que sus contenidos, perdurando orientaciones firmes donde el personalismo continúa supeditando en sus decisiones a lo institucional. El testimonio más elocuente ha sido el rápido cambio en el estilo de gestión de la esposa del presidente Kirchner, senadora Cristina Fernández, al irrumpir inesperadamente con el proyecto que trata de poner fin al virtual congelamiento de las vacantes de la Corte Suprema de la Nación, que la mantiene desde hace más de un año con dificultades para cumplir su rol constitucional.
Tampoco puede eludirse la nueva relación comunicativa de la senadora con el periodismo y los auditorios en los actos públicos, a la vez que se multiplican las promociones de su candidatura presidencial, retomando la humorística respuesta de su esposo tiempo atrás sobre la alternativa de “pingüino o pingüina” para el sillón de Rivadavia.
Ninguna de esas manifestaciones de adhesión, inclusive en el entorno del jefe del Gobierno, ha sido desautorizada, sino generalmente avalada, sin que voz alguna oficial o de la propia promovida la desalentara.
Una alternativa semejante no tiene impedimento expreso en la Constitución Nacional, mas el espíritu de renovación que la ley suprema impone para la gestión republicana no se compadece con la condición del vínculo matrimonial para la alternancia de la investidura mayor, debiendo acudirse en el orden moral a la figura que el diccionario de la Academia Española, refrendado por sus instituciones hermanas, define como nepotismo: “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”.
La expresión “desmedida preferencia” no siempre alcanza, por cierto, los frecuentes casos de parentescos en cargos públicos; pero sin duda que apunta a una función tan elevada como la Presidencia de la Nación, así como la manipulación de parientes de una a otra función respondiendo a la necesidad de centralizar o personalizar el poder.
Un testimonio muy singular de inadvertencia de esa situación ética y moral ha sido el del titular de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, quien, tras proponer una reforma política largamente esperada que transparente el sistema representativo partidario y electoral, se adhiere a la candidatura de la esposa del Presidente.
Contradicción tan evidente forma parte hace tiempo de un modelo republicano sui generis, donde los partidos se encuentran en virtual dispersión bajo la fuerte presión hiperpresidencialista, contribuyendo a la personalización de la gestión pública, sin que se advierta capacidad operativa para recuperar la facultad representativa que la Constitución les asigna. Es evidente, y los hechos lo están ratificando, que el efecto Misiones no tiene gravitación suficiente para que el Gobierno central -ya que no auténticamente federal- se vea obligado a declinar el cúmulo de superpoderes y los decretos ley (DNU) que le aportan un poderío ejecutivo sin precedentes. Imposibilitada numéricamente la oposición para lograrlo en un Congreso que ha declinado funciones de control y legisla menos que lo hace el Presidente, es la ciudadanía la gran responsable de enfrentar esa realidad.
Tampoco puede eludirse la nueva relación comunicativa de la senadora con el periodismo y los auditorios en los actos públicos, a la vez que se multiplican las promociones de su candidatura presidencial, retomando la humorística respuesta de su esposo tiempo atrás sobre la alternativa de “pingüino o pingüina” para el sillón de Rivadavia.
Ninguna de esas manifestaciones de adhesión, inclusive en el entorno del jefe del Gobierno, ha sido desautorizada, sino generalmente avalada, sin que voz alguna oficial o de la propia promovida la desalentara.
Una alternativa semejante no tiene impedimento expreso en la Constitución Nacional, mas el espíritu de renovación que la ley suprema impone para la gestión republicana no se compadece con la condición del vínculo matrimonial para la alternancia de la investidura mayor, debiendo acudirse en el orden moral a la figura que el diccionario de la Academia Española, refrendado por sus instituciones hermanas, define como nepotismo: “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”.
La expresión “desmedida preferencia” no siempre alcanza, por cierto, los frecuentes casos de parentescos en cargos públicos; pero sin duda que apunta a una función tan elevada como la Presidencia de la Nación, así como la manipulación de parientes de una a otra función respondiendo a la necesidad de centralizar o personalizar el poder.
Un testimonio muy singular de inadvertencia de esa situación ética y moral ha sido el del titular de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, quien, tras proponer una reforma política largamente esperada que transparente el sistema representativo partidario y electoral, se adhiere a la candidatura de la esposa del Presidente.
Contradicción tan evidente forma parte hace tiempo de un modelo republicano sui generis, donde los partidos se encuentran en virtual dispersión bajo la fuerte presión hiperpresidencialista, contribuyendo a la personalización de la gestión pública, sin que se advierta capacidad operativa para recuperar la facultad representativa que la Constitución les asigna. Es evidente, y los hechos lo están ratificando, que el efecto Misiones no tiene gravitación suficiente para que el Gobierno central -ya que no auténticamente federal- se vea obligado a declinar el cúmulo de superpoderes y los decretos ley (DNU) que le aportan un poderío ejecutivo sin precedentes. Imposibilitada numéricamente la oposición para lograrlo en un Congreso que ha declinado funciones de control y legisla menos que lo hace el Presidente, es la ciudadanía la gran responsable de enfrentar esa realidad.







