La apuesta de revivir a la escuela pública

La nueva ley nacional educativa ya está “cocinada”, al margen de lo que quieran hacer oír en este último tramo de la carrera, a través de sus lobbies, los distintos estamentos de la comunidad argentina que tienen intereses en el tema. El proyecto, que presentarán en sociedad el presidente Néstor Kirchner y el ministro Daniel Filmus el jueves, se ha ganado fama de poco participativo. Desde el gobierno nacional se ha relativizado ese cuestionamiento, y se ha mostrado, como respuesta, la ronda de debates y de consultas que se han realizado a lo largo del año con docentes, padres y alumnos. En todo caso, el proyecto de ley educativa que se conocerá esta semana no es más que otra muestra del modo centralizado de gestionar el poder que ejercita el gobierno nacional, para cualquiera de sus áreas.
Precisamente, una de las cuestiones que ha sido producto de negociación hasta último momento ha sido el peso que tendrá el Consejo Federal de Educación en la política educativa nacional. Como contracara de la política educativa del menemismo (el Ministerio de Educación se quedó entonces “vacío” de responsabilidades por la transferencia a las provincias), la gestión de Filmus ha buscado una restitución de ese poder perdido. Sin embargo, en ese tira y afloja, las provincias han intentado defender sus espacios. Desde el palacio Pizzurno se insiste en la necesidad de homogeneizar los contenidos curriculares en todo el territorio nacional, y se argumenta que lo hacen para garantizar una oferta educativa uniforme en calidad. Sin embargo, la cuña federal ha hecho lo suyo. Precisamente, la ministra Montaldo afirmó ayer que las provincias y la Nación acordaron que el Consejo Federal de Educación forme parte del “gobierno nacional” cuando se diriman cuestiones educativas, y que sus decisiones serán vinculantes.
La Iglesia, que ha retomado vuelo en el actual escenario político argentino, ha salido esta semana a reclamar su parte: quiere que se imparta educación religiosa, y pide que el Estado nacional financie a la educación privada. Susana Montaldo salió a calmar los ánimos eclesiales en lo relativo al primero de estos puntos. Aunque reconoció que este y el de los subsidios a la educación privada confesional son dos temas “picantes”, y que la enseñanza de Religión ha generado chisporroteos en el Consejo Federal de Educación, anticipó que en la región NOA se seguirá dictando la materia Religión, según manda la Constitución provincial al respecto. En cambio, pone algunos reparos al reclamo de la Iglesia para que el Estado siga subsidiando la enseñanza privada, que en Tucumán no es muy significativa (el 20 % de la matrícula). Palabras más, palabras menos, opina que en ese punto hay que barajar y dar de nuevo.
En la Provincia, los establecimientos de gestión privada se llevan el 12 % del presupuesto global de Educación, que para 2006 fue de $ 622 millones. Sobre 352 colegios privados, el Estado subsidia a 175 establecimientos, lo que le significa una planilla mensual de  $68 millones. La posición ministerial sobre este tema es que habría que analizar caso por caso, para establecer si los establecimientos que reciben subsidio estatal cumplen, efectivamente, con una misión educativa dirigida a sectores económicamente necesitados.
Como análisis colateral de la problemática de la educación privada, impacta la fuerte presencia de la escuela pública en la población tucumana, en particular en el nivel primario. Va de suyo que esa presencia no es atribuible, como alguna vez lo fue, a la excelencia de la escuela pública argentina, sino a la pobreza.
En la antesala del debate legislativo de la nueva ley , la masividad de la matrícula pública -el 80 % del alumnado- es un desafío mayúsculo para el Estado. En el espíritu del proyecto del PE hay una apuesta a recuperar la educación pública, con la ayuda de la ley de financiamiento educativo. Se verá si una ley sirve para restituirle a la escuela pública el prestigio perdido.