Avanza hacia la nacionalización de los recursos naturales

A  la medianoche del sábado pasado, cuando se vencían los plazos, trabajando contra el reloj, la administración de Evo Morales acordó finalmente con las empresas extranjeras que explotan hidrocarburos en Bolivia la “migración” (curioso eufemismo utilizado para reformular contratos válidos, que estaban en curso de ejecución, por imposición del nuevo gobierno boliviano) de los antiguos contratos de explotación, hacia nuevos contratos de servicio. En una aparente victoria política, Morales logró así su objetivo político de “nacionalizar” los hidrocarburos.
No obstante, aún quedan algunos gruesos problemas que no han sido resueltos, como qué indemnización se pagará por las dos refinerías expropiadas a Petrobras (el más grande inversor extranjero en el sector) y qué precio pagará en más Brasil por el gas natural que le suministra Bolivia, con el que se abastece al 50% del mercado brasileño. Hasta ahora, Brasil paga a Bolivia por él unos cuatro dólares el millón de BTU. Menos que lo que la Argentina pagará, entonces.
Respecto de los nuevos contratos de servicio, el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, manifestó que la estructura acordada beneficia a Petrobras. Porque se garantiza la presencia de Petrobras en Bolivia, así como el flujo de gas al Brasil, y no se generan pérdidas para la gigantesca empresa brasileña.
A lo que agregó: “no estamos anunciando inversiones nuevas, no tenemos compromisos de inversiones nuevas; y, a no ser que tengamos garantías, no haríamos nada nuevo”. Pensando en las inversiones necesarias para abastecer con gas boliviano al norte de Argentina esto no es demasiado tranquilizador, aunque hay otros posibles inversores que podrían movilizar los 800/1.000 millones de dólares que se estima es necesario invertir para obtener el gas que nuestras necesidades requieren.
Los nuevos contratos firmados respecto de los hidrocarburos suponen -para Bolivia- una participación del 80%, contra el 95% que dispuso en su momento el decreto de nacionalización.
En materia minera, las cosas se complicaron aún más. Los anuncios de nacionalización debieron demorarse atento a que las cooperativas mineras no están de acuerdo con ella. Esto obligó a postergar, hasta el año que viene, la puesta en marcha de la política de reactivación del sector. Pese a ello, Morales  transfirió los yacimientos de estaño de Huanuni (incluyendo el cerro Posokoni -el más rico del mundo en estaño- donde se produjeron el pasado 13 de octubre enfrentamientos armados, que dejaron un saldo de 16 muertos) a la empresa estatal Comibol.
En conocimiento de la estrategia gubernamental, que los desplaza de la escena, algunos mineros cooperativistas aparecieron envueltos en dinamita en una estación de televisión en Potosí, oponiéndose a ella. Este sector tiene ciertamente un pasado violento y Morales deberá extremar la cautela para evitar nuevos incidentes.
Así las cosas, la marcha en materia minera es bastante más lenta que lo previsto, pero la nacionalización de los recursos naturales sigue su curso, que no está exento de obstáculos. Es posible que el foco se centralice pronto en las propiedades de las empresas extranjeras y, luego, se procure resolver el complicado tema de los cooperativistas, que (como cualquiera) parecen decididos a defender lo que, bien o mal, entienden es de su propiedad. (Especial para LA GACETA)