Lo favorable y las incógnitas

Es importante que la Argentina haya concretado un contrato de largo plazo con Bolivia, que nos permitirá importar una cantidad importante de gas, ya que necesitamos este combustible, por nuestros problemas de producción y de mayor demanda interna. Y la realidad es que nuestro proveedor natural es Bolivia, de la misma forma en que nosotros somos su comprador natural (junto con Brasil).
La Argentina y Bolivia no sólo están cerca geográficamente, sino que tienen experiencia concreta en el comercio de gas desde 1972, cuando comenzó a operar el gasoducto por el cual importamos el fluido desde Bolivia. En este sentido, la operación más sensata es importar gas de Bolivia, porque en ese país hay muchas reservas y poco consumo interno, y, debido a su mediterraneidad, ellos tienen pocas opciones de exportarlo al resto del mundo. Por otra parte, se generaron expectativas excesivas en otro proyecto del megagasoducto del sur, que algún día podría ser una realidad, pero es aún una idea inmadura, en términos económicos, financieros, institucionales e, inclusive, ambientales.
Pero a partir de estas cuestiones -que son positivas- surgen algunas inquietudes. Yo estoy preocupado por el precio del gas que haya pactado la Argentina con Bolivia y en particular por la forma en que se reajustará. Ese no puede ser cualquier precio. Debe ser un valor que, una vez puesto en la frontera y transportado hacia los centros de consumo del país, tiene que ser siempre competitivo, frente a los combustibles industriales alternativos; más concretamente, frente al fueloil. Si por alguna razón el gas boliviano resultara más caro, estaríamos ante una situación inconveniente para la economía argentina.
En los últimos 25 años, el precio promedio del fueloil fue de U$S 30 el barril. Entonces, si el petróleo seguirá siendo el precio director de la energía mundial y con él se alinearán los derivados del petróleo, como el fueloil, tenemos que pensar que ese precio de referencia variará y se debe concretar la mejor negociación con Bolivia. Este país quiere el precio más alto posible y nosotros el más bajo; entonces, debemos fijar un valor que sea mutuamente conveniente. La otra incógnita es cómo ese precio del gas, una vez transportado, llegará a los consumidores argentinos. Hay dudas porque, en los hechos, hay tarifas congeladas. Comprar un gas a U$S 5 por millón de BTU en frontera, más el transporte en El Litoral (U$S 1 por millón de BTU), redunda en un costo mayorista del orden de U$S 6 por millón de BTU. Gran parte de los usuarios no paga ese precio. Es decir, ¿quién absorberá la diferencia? Esto no está resuelto por el Gobierno. Además, hay dudas respecto de las obras de desarrollo de yacimientos que deben hacerse en Bolivia, para poner el gas en superficie y en la frontera.
En el contexto de estas necesidades se habló de que Enarsa iba a tener una actividad en esta etapa, pero aparecen dudas porque esta es una pequeña empresa, que no tiene capitales propios y muy poca capacidad de gestión. Un aliciente para la Argentina sería que Morales y Bachelet llegaran finalmente a un acuerdo de comercialización de gas. Nos sacaría un peso de encima porque la Argentina firmó contratos importantes con Chile de suministro firme, por 20 años. El primero comenzó a operar en 1996, pero se firmaron otros , y el país no los puede cumplir con regularidad. Si se diera un acuerdo amistoso entre Bolivia y Chile, sería un beneficio para todos, porque se estarían entendiendo dos países que no son amigos. Bolivia encontraría un comprador más y Chile una solución a un problema que está agudizado, porque la Argentina no puede garantizarle el normal suministro de gas. (Especial para LA GACETA)