Los desafíos aún pendientes

La región necesita el gas de Bolivia y Bolivia necesita el mercado regional. Para que esa convergencia de intereses se traduzca en nuevas obras de infraestructura, Bolivia debe arreglar con sus vecinos un precio para el gas de exportación que establezca una referencia regional de largo plazo; y, en el frente interno, acordar con las empresas operadoras un reparto de la renta gasífera que asegure la reposición y el desarrollo de nuevas reservas. Ambos desafíos siguen pendientes, aunque la construcción mediática de la realidad intente demostrar lo contrario.
Bolivia y Argentina han acordado un precio de U$S 5 por millón de BTU -y una fórmula de ajuste sujeta a la evolución de los derivados petroleros- para la importación de volúmenes crecientes de gas natural que permitirían construir el demorado gasoducto del noreste (GNEA) hacia fines de la década actual. Brasil sigue ajustando sus importaciones a los precios derivados del contrato que lo une con Bolivia hasta 2019. La baja de los precios del petróleo y los derivados augura duras negociaciones cuando, por aplicación de la fórmula de ajuste que hasta ahora llevaba todo para arriba, el precio de importación que Brasil paga a Bolivia deba revisarse a la baja. La disritmia entre los precios de importación de la Argentina y el Brasil va a dificultar la formación de un precio de referencia regional y, con ello, la posibilidad de avanzar en la consolidación de un mercado regional de energía.
En el frente interno del país del altiplano, la disputa por el reparto de la renta del recurso natural entre el gobierno y las empresas está lejos de solucionarse. Se difundió con bombos y platillos la adhesión de las empresas a un nuevo modelo de contrato que intenta conciliar la decisión de nacionalizar los recursos con una mayor apropiación de renta por parte del Estado boliviano. Pero el traje a medida, un híbrido entre un contrato de operación y otro de producción compartida, de confección más ideológica que jurídica, puede transformarse en una caja de Pandora. Antes las empresas operadoras se regían por contratos de concesión y el Gobierno se apropiaba de una parte de la renta mediante regalías e impuestos. Con la nueva ley de Hidrocarburos el Gobierno boliviano aumentó su participación en la renta. Con la nacionalización, las nuevas autoridades, en principio se quisieron apoderar de toda la renta, hasta advertir que no habría más inversiones.
Vencidos los plazos fijados para renegociar contratos, se terminó imponiendo uno de operación donde las compañías, a cambio de una retribución que les permita cubrir los costos y tener una utilidad, se comprometen a llevar adelante servicios de exploración, desarrollo y explotación, todo sujeto a programas de trabajo y presupuestos que deberá aprobar y controlar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, una empresa que fue y que quiere volver a ser. Como se sigue discutiendo renta (por más vuelta que quiera darse) bajo este esquema de servicios con reparto de la producción que es hijo de la suspicacia, las empresas tenderán a inflar costos, e YPFB a retacear programas y a recortar presupuestos. Todo puede quedar trabado en una maraña burocrática que desaliente la inversión. Conclusión: las empresas que hundieron capital van a tratar de recuperar lo posible en los yacimientos en producción, pero va a ser muy complicado el desarrollo de más programas de inversión. Esto prolonga el compás de espera para el desarrollo del gas de Bolivia.
Argentina debe seguir negociando con Bolivia, pero debe resolver las señales de reglas y de precios en el frente interno y lanzar un proyecto para construir una planta regasificadora cerca de Buenos Aires para importar gas natural por barco. (Especial para LA GACETA)