Las comunas no rinden cuentas de sus gastos

La transparencia en los actos administrativos es uno de los puntales sobre los que se asienta el correcto desempeño de una gestión de gobierno. Dentro de estas acciones, merecen especial atención aquellas en las que se involucra el manejo de los fondos asignados a distintos fines por las partidas presupuestarias. Es por eso que están perfectamente estipulados por las leyes de contabilidad controles y auditorías internas y externas; el sentido de este monitoreo es minimizar las posibilidades de que el dinero público sea aplicado a fines distintos de los que corresponde por asignación presupuestaria o -peor aún- que no se conozca su destino final.
 Hace pocos días, nuestro diario publicó una información alarmante: en Tucumán, 83 de las 92 comunas rurales no rindieron cuenta de sus gastos. Hay 44 administraciones que no han proporcionado ninguna información acerca del destino que han dado a los dineros públicos que pasaron por sus manos. Esta situación, de una irregularidad asombrosa, no es nueva. En abril de 2004 la Cámara autorizó al Tribunal de Cuentas para que aprobara lo actuado por los comisionados durante los 12 años anteriores, aunque esos actos administrativos no hubieran contado con la autorización exigible.
Este “borrón y cuenta nueva” se aprobó como consecuencia de la imposibilidad material de revisar el destino de los fondos gastados en las comunas durante ese dilatado período. Pero la solución de fondo no llegó, y parece haber empeorado. Desde el propio Tribunal de Cuentas evalúan que, respecto del ejercicio anterior, el grado de cumplimiento de las comunas en lo que respecta a las rendiciones de cuentas ha desmejorado sensiblemente.
A la fecha, en el 90 % de los casos resulta imposible conocer el detalle de los fondos manejados por los delegados. Sucede que estos no cumplen con la disposición de presentar los balances de sus movimientos financieros cada dos meses, a pesar de que la Ley Orgánica de Comunas Rurales obliga a sus responsables a elevar el detalle de sus gastos cada 60 días ante la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales. Esa repartición dispone de personal específicamente destinado a efectuar el primer control de los movimientos y, posteriormente, debe remitir la documentación al Tribunal de Cuentas, para que allí se efectúe la auditoría externa.
Los integrantes del organismo de control han advertido que la inobservancia de la ley por parte de los funcionarios no permite conocer el estado contable de muchas comunas. Esto no significa otra cosa que reconocer que esas administraciones no certifican fehacientemente los gastos que realizan ni el destino de los fondos que manejan.
La repetición de hechos de una gravedad extrema hace que estos se conviertan en moneda corriente y lleva a un preocupante acostumbramiento por parte de la opinión  pública, que acaba por resignarse ante lo que parece una situación imposible de reencauzar. El hecho de que no se apliquen sanciones severas a quienes incurren en estas irregularidades alimenta la lamentable sensación de que muchas disposiciones no son otra cosa que letra muerta. Para el ciudadano común, este es un pésimo dato de la realidad.
Debe tenerse presente que en estos casos se está incurriendo, lisa y llanamente, en el incumplimiento de varias leyes en vigencia, y que sobre esta alarmante realidad se cierne, además, la sombra de la sospecha acerca del verdadero destino que tienen los fondos que deberían ser aplicados al mejoramiento de las condiciones de vida de millares de ciudadanos que habitan el territorio provincial.