Proselitismo con dineros públicos

La irregularidad de nuestra vida política es otra sombra ominosa que impide la transparencia de sus actos. Testimonio de ello ha sido y sigue siendo en la actualidad el caso de la ley 25.600, que regula el financiamiento partidario, y a la cual deben ajustarse las campañas electorales. Se determina en ella cuál ha de ser la contribución del Estado a los partidos, salvo aquellos que presentan fallas u omisiones en sus balances y que generalmente continúan siendo la mayoría. En estos casos, se trata de organizaciones partidarias  particularmente desorganizadas, cuando no marginales de la legalidad, que excedieron las 300 en los últimos comicios. Dos ejemplos muy elocuentes corresponden a las últimas elecciones presidenciales, cuando Néstor Kirchner y Carlos Menem excedieron extraordinariamente sus gastos de campaña, sin  haberlos podido justificar hasta el presente ante la Justicia Electoral.
   Por los mismos comicios solamente presentaron informes completos y en término el 30% de los partidos. Pero conforme ha ido transcurriendo el tiempo, ha quedado también más expuesto el límite imperceptible que separa los recursos públicos del uso en las campañas electorales, cuyo control no se ejerce adecuadamente; especialmente y también fuera de ellas aunque con un más que claro rumbo hacia las urnas.
   Nada dice la ley 25.600 con relación  a ese aspecto de los gastos políticos, debiendo recurrirse a previsiones republicanas de control público que los poderes ejercen recíprocamente y, más aún, a la exigencia de principios éticos en las conductas de los funcionarios. Actualmente, esa circunstancia se agrava por el hecho de que la Jefatura del Gabinete dispone de facultades excepcionales para redistribuir fondos presupuestarios, sin un control parlamentario suficientemente ágil y diligente. Otros recursos públicos sospechados no provienen del Estado nacional sino de las provincias y de los municipios que aportan medios abundantes para movilizar adhesiones, por ejemplo, a los actos del Presidente. Invariablemente, se trata de reuniones públicas donde el doctor Kirchner anuncia proyectos o entrega viviendas, pero dedica mayormente sus mensajes a pedir apoyos populares, a la vez que descalifica duramente a los rivales políticos con un indisimulable tono electoralista. Fue comprensible en su momento que el actual jefe del Estado recurriera a cierta presión retórica para fortalecer un resultado electoral limitado, pero el de las últimas urnas legislativas hizo innecesario ese estilo de proselitismo agresivo ante auditorios financiados por sus organizadores.
   Tanto el Presidente como la primera dama y senadora nacional -cuando lo hace en su compañía- suelen ser acompañados por ministros y por otros funcionarios de gobierno, mediante una costosa estructura estatal a la que se suman las locales, que, a su vez, contribuyen con alimentos y con medios abundantes de transporte. No se conoce hasta el momento informe alguno de la comisión bicameral del Congreso que debe controlar el uso de facultades delegadas para la reasignación de fondos públicos, y parecida omisión se observa en la Oficina Anticorrupción ante el evidente gasto estatal en actos fuertemente proselitistas.  Es de esperar que esas situaciones no se deban a la misma inquietud  del intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, en Buenos Aires, quien, al ser observado por el costo de sus movilizaciones para reunir un auditorio presidencial, respondió: “sería inhumano traer gente y no proveerle transporte y alimento”.  Por cierto que sí, aunque no usando el dinero de todos para el beneficio de una parte.