Una celebración contradictoria

El vigésimo aniversario de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur dio motivo a un interesante acto de recordación en Buenos Aires, del que participaron delegaciones de todos los países de la región. La celebración, impuesta por el hecho de que la sede fundadora fue la capital argentina, ha tenido, sin embargo, un perfil más singular que el de la solidaridad regional entre las organizaciones laborales, en la circunstancia especial que afecta a nuestro gremialismo.
La Argentina es el único país del Mercosur donde no rige la libertad de asociación sindical que, además de los organismos y compromisos internacionales específicos, establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis. La ley 23.550, de Asociaciones Profesionales de Trabajadores, dispone la específica personería gremial para un solo sindicato por rama de actividad económica, al que faculta para la representatividad específica de los trabajadores. Esa condición determina que una sola central, la CGT, mantendrá las relaciones formales y acuerdos con los poderes públicos y factores productivos. El texto constitucional establece la "organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial". En consecuencia, si bien hay libertad de afiliación, no es posible la de asociarse libremente para preservar los intereses específicos. Dicho en otras palabras, no existe pluralidad sindical, pues el sistema de unicato limita la personería.
No se trata de una visión caprichosa del problema sindical argentino. Tanto la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 87) ha observado reiteradamente esa irregularidad, como la Declaración de Derechos Humanos (Art. 23) y el Pacto de San José de Costa Rica (Art. 16) consignan la libertad de asociación que vulnera nuestro régimen. En el país existen alrededor de 2.000 sindicatos que solamente disponen de personería jurídica y deben someterse a las negociaciones específicas a cargo de los de personería gremial.
La reciente celebración ha permitido que la secretaría de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) privada del reconocimiento excluyente asignado a la Confederación General del Trabajo, reclame una vez más por su "cápitis diminutio", a pesar de tener en sus filas más de un millón de afiliados, y algunos sindicatos con personería gremial. A poco de asumir el actual gobierno, el presidente Kirchner consideró esa situación, mas las poderosas presiones políticas del unicato le impidieron avanzar, a pesar del tenaz discurso oficial sobre derechos humanos.
El monopolio representativo de la CGT se agrava por el hecho de que el 90% de sus dirigencias milita en el peronismo, contradiciendo también el principio de pluralidad política exigido por la fuerza laboral. Esa militancia, como es obvio, no se disimula; por el contrario, se la ejerce sin que la autoridad de aplicación imponga los principios éticos que la impiden.
Se trata de una prolongada realidad histórica que gobierno tras gobierno, civiles o militares, han tolerado, cuando no aprovechado como herramienta política poderosa, tal como ocurre actualmente, para consolidarse en el poder. Hasta el punto de permitir una gerontocracia intolerable en el control sindical, cuyos poderes operativos suelen beneficiar a gremios, como el de camioneros, famoso por sus bloqueos de empresas en demanda de "conquistas". En tiempos donde el término corporación es una palabra maldita, esa es precisamente la más ajustada definición de nuestro régimen sindical, cuyo origen histórico no es otro que la "forza del lavoro" mussoliniana.