Jaque a la calidad institucional

En los últimos tiempos, el término “calidad institucional” se instaló con fuerza en todo el país y particularmente en Tucumán. En general, se suele mencionar este concepto justamente cuando las instituciones se ven amenazadas por decisiones -en general apresuradas o mal estudiadas-, que terminan vulnerándolas. La consecuencia inmediata del avasallamiento de lo institucional es la inseguridad -principalmente jurídica-, lo que en economía  se transforma, lisa y llanamente, en un factor que atenta contra la inversión. A lo largo de la historia de nuestra provincia, los casos de pérdida de la calidad institucional fueron emblemáticos, pero pareciera que en lo que va de este año se quisieran batir todos los récords.
“Importa -y mucho- que los artículos y los incisos del contrato que debe regir a la sociedad sean, si es posible, sólo hueso, nervio y piel. Es decir, estén bien redactados y sean escuetos, precisos, sin ninguna adiposidad sobrante e innecesaria”, sostiene René Balestra, director del Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrano, al exponer sus ideas sobre calidad institucional.
La Subsecretaría de la Gestión Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, define calidad institucional como “uno de los soportes del Estado para propiciar y consolidar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia en el servicio público y aumentar su gobernabilidad y capacidad de gestión”.
En Tucumán, desde los sectores público y privado se atenta -en mayor o en menor medida- contra la institucionalidad. En el ámbito de las empresas, este año ocurrió un caso paradigmático de maltrato a las instituciones. En medio de una difícil negociación salarial entre industriales y obreros azucareros, el grupo Atanor -propietario de los ingenios Concepción, Marapa y Leales- firmó un acuerdo privado por mejora de sueldos con sus obreros, pese a que días antes el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) -entidad intermedia que representa a los ingenios de nuestra provincia- había ofertado una suma distinta, que estaba en consideración. El hecho no hubiera pasado de una simple anécdota si no fuera porque el CART era -y es- presidido por las máximas autoridades de Atanor.
Este “desliz” empresario termina empequeñecido si se lo compara con muchos actos que provienen del Estado, principalmente del Poder Ejecutivo tucumano. Pareciera que cada acto oficial que no tenga que ver con la inauguración de una obra pública conlleva una pérdida de la calidad institucional.
La reforma de la Constitución provincial, que se concretó este año, podría entenderse como una expresión máxima de falta de apego a lo institucional. En el texto de la nueva Carta Magna quedó establecido un evidente avance del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, en especial sobre la Justicia, en lo que refiere -nada menos- que a la designación y remoción de jueces (la objeción de estos puntos por parte del Colegio de Abogados derivó en otro avasallamiento de las instituciones, cuando el Gobierno pretendió -en represalia- quitarle la matrícula a esta entidad). Otros puntos de la reforma, como la posibilidad de que los actuales mandantes puedan gobernar hasta 2015; o el sistema electoral de “acople”, por el que los partidos podrán acompañar las candidaturas a gobernador, a vice y a intendentes de otras organizaciones políticas; o el hecho de que ahora hagan falta 3/4 partes de los legisladores (antes, 2/3) para destituir al gobernador o al vice por medio del juicio político, no les hacen un gran favor a las instituciones de la provincia.
La intromisión del Gobierno en la elección del rector de la UNT y ahora en los comicios de la FET también es una muestra del poco valor que se otorga a las instituciones en Tucumán. Mientras tanto, siguen sin resolverse tres asesinatos resonantes de mujeres y la ilegalidad se hace cada vez más fuerte y a la vista de todos, nada menos que en las peatonales. En ese marco, la calidad institucional se diluye y -en consecuencia- se pierden inversiones que generarían riqueza para la provincia.