Hay que reconciliar a la sociedad

Las relaciones del Gobierno nacional con diferentes instituciones y sectores del país están careciendo desde hace un tiempo de las condiciones requeridas por la buena marcha de los asuntos públicos. Esa situación se manifiesta en la gran proporción que ocupan en el interés general los debates y las discusiones sobre las relaciones entre las autoridades y aquellos sectores de la actividad nacional, donde la carencia de un diálogo fecundo impide no pocas veces los acuerdos para el bien común.
   La responsabilidad mayor en ese desbalance político concierne sin duda a la autoridad pública, cuyas funciones y deberes son muy diferentes de la gestión política partidaria.
   En ese orden, la investidura máxima implica atender los intereses de toda la sociedad sin otra preferencia que los compromisos asumidos al momento de la elección con la ciudadanía, de acuerdo con los principios constitucionales de la administración del Estado, para los que el sistema republicano es clave de calidad institucional.
  Nadie podría afirmar que el fuerte presidencialismo que distingue la gestión de Néstor Kirchner se confunde con una dictadura, pero la forma o estilo con que lo ejerce lo lleva a prescindir de los acuerdos de gabinete, marcar a su favor el rumbo legislativo del Congreso y asegurarse una mayoría decisiva en el Consejo Nacional de la Magistratura.
   El Presidente tampoco siente la necesidad de convocar reuniones con los medios de comunicación no oficiales, a los que frecuentemente descalifica con dureza si sus informaciones u opiniones lo contradicen.
   En los recientes días, las relaciones con la Iglesia Católica se han conflictuado severamente por la eventual reelección indefinida del gobernador de Misiones, la oposición del obispo de Iguazú, y los comentarios críticos de Kirchner y sus voceros más conspicuos, padrinos políticos del gobernador.
   El poder presidencial se ejerce igualmente en forma directa sobre la economía de mercado, alterando si es necesario sus reglas de juego mediante presiones  sobre el sector empresario, que pueden llegar inclusive a la acción directa por parte de piquetes u otras amenazas. Las fuertes reducciones de las exportaciones de carnes son un testimonio elocuente y la permanente acción del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para regular precios soslayando las reglas del mercado, son muestras cabales de una política paralela que socava la seguridad de las inversiones de gran envergadura.
   El rasgo gerencial del doctor Kirchner, que lo lleva frecuentemente a tribunas donde anuncia obras en diversos lugares del país usando recursos del poder central, generalmente mediante amplias facultades legislativas, es otro testimonio de su acción política. En tales ocasiones, el tema en agenda es ampliamente desplazado por la severa descalificación de quienes no comparten su concepción de la realidad. No en vano el Presidente ha señalado que para informar no requiere de conferencias de prensa, pues le basta con su atril oficial.
    Ese panorama de gestión donde el diálogo es apenas una concertación condicionada a priori, se combina con un oficialismo parlamentario propenso a la delegación de facultades sin precedentes en ningún otro jefe de gobierno constitucional. La ínsula presidencial se ha transformado, en consecuencia, en un espacio poco menos que inaccesible para la necesaria relación con los múltiples sectores del quehacer nacional y un temario de inquietudes donde la reconciliación se está convirtiendo en inquietante e ineludible demanda política.