De piratas buenos y de piratas malos

Con el desparpajo propio de quien se siente protegido institucionalmente, el titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Luis Lobo, discriminó esta semana entre “piratas buenos” y “piratas malos”. Lo hizo cuando aludió a la invasión de material fonográfico y de video trucho en el microcentro de la ciudad.
En la lógica de Lobo, hay quienes tienen derecho a ganarse la vida sorteando la legalidad, y hay quienes no la tienen. “La mayoría de los que venden CD son extranjeros y de otras provincias. En el centro solamente hay como 60 muchachos de Senegal”, afirma el dirigente. En otros puntos del planeta, esto se llamaría xenofobia (odio o repugnancia hacia los extranjeros). En Tucumán, es probable que esta discriminación no aluda tanto al tono de la piel, sino al hecho de que el pirata de turno aporte -o no- a la caja del sindicato que conduce Lobo. En su curiosa interpretación acerca de lo que es legal y de lo que no lo es, el dirigente de los ambulantes no sólo discriminó entre los unos y los otros. Además, determinó que es más delito vender discos y videos truchos que ropa o juguetes de procedencia incierta, y por cuya venta no se gravan impuestos. Lobo tiene una particular visión acerca de lo que es la “economía social”. Una visión que, por otra parte, viene siendo estimulada desde hace por lo menos quince años por las sucesivas gestiones de gobierno, amparadas en el pretexto de mantener la “pax social” en estos dilatados “tiempos de crisis”.
Pero no sólo el “capo” de los ambulantes incurre en contradicciones. La lógica de la sinrazón se traslada al corazón del ámbito político. El subsecretario municipal de Gobierno, Walter Berarducci, afirmó que en la venta ilegal de discos y videos, la Municipalidad es “la última patita del problema”. En algo lo asiste la verdad: en este punto (como en tantos otros), las decisiones se cocinan en la Casa de Gobierno. El propio Lobo dijo que el gobernador Alperovich le pidió que lo ayudara “a ordenar el centro”. En Tucumán, las encerronas de ese tipo son de larga data, sea con los ambulantes o con los remiseros. Esta vez, el gobernador deberá decidir si le interesa el apoyo “incondicional” de los puesteros a la hora de las urnas o, si prefiere, en cambio, gestionar para que el negocio discográfico y de video legal se recupere de la paliza que le vienen dando los piratas: según un informe de la sección Economía de LA GACETA, las ventas de las disquerías en Tucumán han bajado un 35%, y esa baja llega al 40 % en los alquileres en los videoclubes).
El fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, puso las cosas en su lugar, cuando manifestó, en un artículo que lleva su firma, en LA GACETA, que “el funcionario municipal que diga que es un delito federal, y que no puede hacer nada, miente”. “Y no sólo miente: es encubridor (artículo 277 del Código Penal)”. El argumento de Gómez se ajusta a todas las acciones que atentan contra el microcentro, sea en el ámbito económico como en el urbanístico o en los relativos al tránsito: en todos estos órdenes, las transgresiones se cometen en las narices del Gobierno. Ayer, fuentes de la Justicia Federal aseguraron que se reunirán con funcionarios provinciales para dirimir la competencia en lo que respecta a la piratería en materia discográfica. Se verá si esa “reunión cumbre” puede contra los piratas, que si bien no son  los privilegiados de “sauna y cabaret” de la canción de Los auténticos decadentes, ostentan el raro privilegio de transgredir la legalidad en la cara del Poder.