Quizá llegó la hora de indagar acerca de la ruta del dinero

“El que no cometa errores trabajando, que tire la primera piedra”. Estas fueron las últimas y sintomáticas palabras que el juez federal Felipe Terán expresó el jueves antes de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) anunciara que el miércoles 18 resolverá si lo destituye o si lo repone en el cargo.
Semejante letanía amerita dos lecturas. Una primera, lineal, por llamarla de alguna manera, que encierra un reconocimiento tácito -de errores, como mínimo, en el ejercicio de sus funciones, y no sólo de él- y hasta un pedido solapado de clemencia que, a su vez, se conecta con la cita de Gandhi, que había usado para arrancar, según la cual el ojo por ojo -léase venganza- deja ciego al mundo.
La segunda lectura es jurídica y tiene que ver con que el JEM es muy celoso a la hora de conjurar y de frustrar los pedidos de remoción que se basan o cuestionan el contenido de las decisiones de los jueces, en la convicción de que esa es la llave de la defensa de la independencia del Poder Judicial.
Esto quiere decir que, ni aun cuando mediara error (incluso de derecho) en la resolución de un caso, los jueces pueden ser cuestionados políticamente por sus sentencias -que son irrevisables, salvo por las vías procesales correspondientes-, a menos que ellas manifestaran un desvío de poder y falta de imparcialidad. Esto último es, precisamente, lo que invoca la acusación, mientras que Terán, un error, a lo sumo.
Consciente del criterio del tribunal, durante la declaración de los testigos, la defensa de Terán fue práctica y astuta. Dejó traslucir que habría habido maniobras para perjudicar al Estado inflando cuentas de particulares con títulos públicos adquiridos a precio vil después del default-devaluación, para recuperarlos a valor dólar, pero sistemáticamente descargó responsabilidades en cadena, bien lejos, en otras esferas: en la prensa, fundamentalmente en el Ministerio de Economía, y hasta en la ex secretaria civil del juzgado (en relación con el control de expedientes) que, a su vez, las trasladó a las relatoras.
Además, blandió que Terán, lejos de haber sido funcional a aquel supuesto entramado, en el que sólo en un caso había en danza la nimiedad de U$S 5 millones, fue el único en dar cuenta de ello al fiscal (Carlos Brito) para que actuara. Claro que, al borde del sofisma (invocó ferias, viajes y licencias), hizo malabares dialécticos para explicar por qué el juez demoró 46 días en girar la causa (Borquez) al fiscal desde que le advirtieron -desde Economía- que había una presunta defraudación intentando golpear las arcas del erario. Sea como fuere, y en ocasiones casi al filo del buen gusto (por ejemplo, no dudó en usar una dramática cita de Eugenio Zaffaroni, titular del tribunal, en la propia cara de este), la defensa parece haberse propuesto, como mínimo, dejar a Terán en una mejor posición respecto de la que había entrado al proceso.

Lejos de los expedientes
Con la deserción del diputado Carlos Kunkel -en el poco tiempo que dedicó a las audiencias parecía no saber qué preguntar a los testigos-, la acusación tardó en acomodarse y nunca voló en el manejo de los expedientes, como la defensa, hasta el punto de que, en ocasiones, Aidée Vázquez Villar, miembro del jurado, sutilmente exprimía más a los testigos que los propios acusadores.
No obstante, en su prolijo alegato, Luis Pereira Duarte se preocupó por destacar que sistemáticamente -y no sólo en la causa Borquez- el juez resolvía contra el Estado, que apelaba a ciegas, porque los expedientes no estaban a la vista. Y, para probar que el juzgado deambulaba en el desorden funcional, parafraseó a los letrados de Economía y de la Procuración del Tesoro (PTN), que pontificaron, alarmados, que durante décadas de servicio jamás habían visto una cosa igual. Añadió que, como si eso fuera poco, Terán estaba imputado en la causa penal que corre paralela al proceso de remoción. Por ello, con una expresión que a lo mejor marca una época, concluyó que, a juzgar por lo que en su visión ocurría en el despacho de Terán, Tucumán era una fiesta.
Muchos conjeturan -o temen- que, si Terán logra salvarse, todo se diluirá y quedará en la nada, inclusive el sumario contra el juez Jorge Parache, que recibió varios latigazos en las audiencias. Pero también es cierto que, con o a espaldas del o de los magistrados, y con (o sin) la participación de abogados del fisco o particulares (el jurado indagó por la reiteración de algunos nombres), quedó claro que urge investigar penalmente ese supuesto y complejo flujo especulativo de U$S 7,8 millones en títulos que se habría movido en una decena de causas, según la PTN. Quizás llegó la hora de desandar la ruta del dinero.