Severa opción para el país

Los partidos políticos son el cauce institucional ineludible para todo ciudadano que pretenda aspirar a un cargo público representativo o simplemente emitir un voto positivo electoral. Es por ello que puede calificárselos como organizaciones intermedias de la democracia representativa y deben observar normas y reglamentos que garanticen esa función bajo el severo control de la Justicia. La reforma constitucional de 1994 los incorporó a la Ley Suprema -Artículo 38- pero ninguno de los gobiernos desde entonces encaró la reforma política modernizadora prometida, sino a lo sumo retoques oportunistas o impuestos por circunstancias ineludibles. Con la crisis institucional de 2002 esa situación se agravó y, tras vertiginosas sucesiones en el Poder Ejecutivo, la asunción presidencial de Kirchner se produjo mediante un virtual régimen de lemas que permitió al Partido Justicialista concurrir a las urnas con tres candidatos. Uno de los primeros compromisos del nuevo gobierno constitucional fue encarar la reforma pendiente desde la restauración democrática, pero transcurridos tres años desde entonces, el proyecto anunciado por el Ministerio del Interior quedó reducido a retoques puntuales del sistema representativo y partidario. Un tema que ni siguiera figura ya a un año de nuevas elecciones generales. Mientras tanto, los dos partidos mayores soportan notorias divisiones provocadas fundamentalmente desde el Gobierno nacional, cuyo oficialismo está representado por el Frente para la Victoria, ya que no el PJ, intervenido hace un año y dividido en tres sectores. Como puede advertirse, las organizaciones partidarias, amén de sus descréditos y desactualizaciones entre la ciudadanía, carecen de la gravitación institucional que la Constitución les asigna. Esa tendencia reduccionista del sistema representativo que como un caballo de Troya del Poder Ejecutivo opera en el Congreso de la Nación, corre el riesgo de acentuarse mediante el proyecto del diputado oficialista Jorge Landau. Dicha iniciativa propone la suspensión de la ley 25.611, de internas abiertas, que obliga a los partidos a nominar candidatos a presidente, vicepresidente y legisladores nacionales el año próximo, con la intervención de ciudadanos independientes. La posibilidad de eludir las elecciones internas abiertas remite a las listas elaboradas por los aparatos partidarios, ignorando al electorado no afiliado y mayoritario.
El proyecto Landau pondría fin igualmente a la necesidad de acelerar la prolongada normalización del Partido Justicialista, donde sectores disidentes del kirchnerismo están presionando para que la Justicia electoral la disponga sin mayores demoras. Mucho indica que el propósito oficial es postergarla el mayor tiempo posible con el fin de que el PJ se adhiera al Frente Para la Victoria y sus candidatos sean digitados. La realidad descripta a un año de las urnas generales configura un horizonte representativo donde la referencia más significativa apunta al desplazamiento del Partido Justicialista, mediante el FPV como expresión del oficialismo. Por lo demás, a la proyectada suspensión de la ley de internas abiertas y el desplazamiento y división del PJ como partido oficialista, se suma la firme cooptación que el poder central está consolidando entre la dirigencia de la Unión Cívica Radical, configurando un modelo representativo muy diferente del constitucional. Lejos de la reforma política esperada tras la restauración institucional, el debilitamiento estratégico de las tradicionales y mayores fuerzas partidarias proyecta al país hacia dos opciones: la consolidación de un presidencialismo autoritario, o la alternativa opositora de una ciudadanía consecuente con sus raíces democráticas.