Debe intensificarse el secuestro de CD ilegales

La Policía de Tucumán procedió a secuestrar, como informamos, más de 6.800 CD truchos, además de equipos que se utilizaban para realizar las copias ilegales, incluyendo modernas impresoras con las cuales se duplicaban las carátulas. Según nuestra publicación, el caso venía siendo investigado desde meses atrás, a partir de la denuncia del representante de una compañía discográfica. Nuestros comentarios se han referido, de modo recurrente, a esta particular índole de comercio. Como se sabe, el material que se expende abarca tanto música como películas. La venta se efectúa en forma callejera, y su exposición ocupa gran cantidad de los mesones instalados en el microcentro.
   Hemos sostenido reiteradamente la necesidad de cortar definitivamente la referida actividad. En efecto, ella constituye un franco atentado a la ley, perpetrado en forma pública y en la mayor impunidad. Su dimensión es tan grande, que resulta frecuente, en el caso de las películas, que antes de que se estrenen en salas de esta ciudad o que estén disponibles en negocios legales de video, ya se las ofrece en la calle.      Frente a cada operativo de secuestro y decomiso subrayamos, desde estas columnas, nuestro beneplácito. Pero advertimos siempre que la efectividad de los secuestros era relativa, ya que no se notaba una disminución de la venta de referencia, sino al contrario.
   La información que publicamos consigna, de acuerdo con fuentes policiales, que no se descarta la realización de nuevos procedimientos. Ojalá sea así.
   Pareciera sobreabundante recordar los daños que suscita el comercio ilegal de grabaciones, ya que vulnera leyes -de antigua data y perfectamente conocidas por todos- cuyo bien jurídico protegido es la propiedad intelectual y artística. Dichas normas fueron respetadas tan fielmente durante muchos años, que se pensó que su acatamiento estaba incorporado con solidez a los valores de la ciudadanía. Pero desde ya hace bastante tiempo, se inició un comercio que ignora esas disposiciones de modo frontal, y que creció alentado por la curiosa inacción judicial y policial a su respecto. Los resultados están a la vista. Hay una enorme cantidad de personas que ha hecho un modus vivendi de la grabación ilegal, como autores o como expendedores.
   En segundo término, pero en igual nivel de importancia, debe recordarse que las grabaciones truchas de música causan un daño muy considerable en los legítimos ingresos de autores y ejecutantes de los temas pirateados. Piénsese que el expendio ilegal significa que nunca les llega el beneficio de esas ventas, a pesar de que lo ordenan las leyes como justa retribución a la tarea creadora.
    No puede el Estado continuar tolerando una actividad delictiva como la que nos ocupa. Mucho menos, aceptar que la misma tenga lugar a la luz del día y, como decimos, rodeada de absoluta impunidad. Una sociedad que permite ese tipo de ilegalidades parece aceptar el precedente para otros rubros, lo que terminaría generando el caos en la vida diaria.  Bien está, entonces, que los procedimientos policiales de secuestro y decomiso se realicen. Pero sólo serán realmente efectivos si tienen lugar con la asiduidad y amplitud que evidentemente reclama un tráfico tan extendido. De otra manera, quedan como anécdotas, a la vez que cunde el mal ejemplo de que alguien puede obrar al margen de las leyes sin sufrir consecuencia alguna.
   El comercio ilegal de grabaciones tiene que ser objeto de una fuerte y sostenida ofensiva, que lo erradique definitivamente de la vía pública. Así lo exige ese respeto a las normas legales que constituye la armazón más importante del cuerpo social.