La manipulación de la memoria

La desaparición de un testigo de cargo, Jorge Luís López, -cuya declaración provocó la condena del ex comisario y represor Miguel Etchecolatz- sin que haya testimonios de que se trate de un hecho delictivo, bastó para poner en virtual estado de emergencia a la política nacional. A la situación siguió de inmediato una serie de amenazas anónimas a jueces y fiscales, así como otra multitudinaria marcha sobre la Plaza de Mayo, para exigirle al Gobierno nacional la búsqueda del desaparecido. Desaparecido, sí; término cuya sola mención por el  gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, causó disgusto al presidente Kirchner y excitó la memoria sofocante del pasado, que vuelve a interferir en la convivencia creadora de nuestra sociedad.
   No deja de ser razonable la sospecha de una relación entre el caso del testigo y alguna célula sobreviviente de los años de plomo, que trata de atemorizar a futuros testimoniantes; pero el exceso del conflicto que los episodios insinúan y las desconcertadas reacciones oficiales, están evidenciando que la manipulación de la memoria como instrumento de gestión política constituye un grave error de muy difícil rectificación.
   Reconciliarse con el pasado para dar seguridad al futuro no implica, por cierto, la tolerancia con el delito, mas la calificación de este corresponde a la Justicia y a las instituciones constitucionales, antes que al discurso político oportunista.
   “Estemos atentos todos los argentinos. No podemos dejar que se repita ese pasado. Todos los sectores de la sociedad debemos estar por la defensa de los derechos humanos, consolidar la verdad y la justicia”, ha expresado el presidente Kirchner.
    Pero esa impostergable necesidad proclamada como exigencia oficial no se lleva bien con otros actos y discursos gubernamentales, donde aparece una interpretación parcializada de los derechos violados en el pasado, asociada con campañas proselitistas.      Apenas un día antes de esa expresión, el jefe del Gobierno dio testimonio de su contradicción al apoyar la reforma constitucional de Misiones con el exclusivo fin de establecer la reelección indefinida del gobernador. La circunstancia provocó una confrontación con sectores de la Iglesia Católica y de nuevo la interpretación unilateral del pasado, al servicio del proselitismo electoralista.
   La recurrente mezcla de fracasos que llevaron al país a su crisis más severa desde la restauración democrática, para relacionarlos con la violación de los derechos humanos, -como acaba de escucharse desde el atril presidencial- es igualmente oportunista por la mirada comprometida con que se observa el llamado setentismo.
   Tales gestos y mensajes no se condicen con la actitud de la gran mayoría de nuestra sociedad, que ha demostrado su capacidad para hacer historia del pasado y espera de las dirigencias una comprensión de sus necesidades y requerimientos para el futuro.    Especialmente de quienes ejercen los poderes públicos y están obligados a trabajar en la búsqueda común de soluciones.
   “Sepan que estamos dispuestos a que en la Argentina haya justicia y memoria y a que el pasado sea vencido”, ha expresado también el primer mandatario.
   Pero más que vencido, lo cual es una propuesta ilusoria por tratarse de la causa y del motivo del presente, ese pasado requiere una  comprensión colectiva a la que el mensaje está lejos de contribuir al tratar de identificar a quienes no comparten la gestión del Gobierno, con los peores tiempos de la República.