28 Septiembre 2006 Seguir en 
Ayer se produjo la segunda revuelta en el Instituto Roca en menos de cinco días, y si bien los funcionarios del Gobierno minimizaron el incidente, la Justicia ordenó una investigación.
Después del desayuno, tres menores se enfrentaron con los celadores y luego con sus propios compañeros. A pesar de que el director del establecimiento, Carlos Acevedo, lo negó, varios testigos le confirmaron a LA GACETA que los revoltosos incendiaron colchones.
Según indicaron fuentes judiciales, se sospecha que los amotinados estaban drogados, motivo por el cual el juez de Menores Raúl Ruiz, que estuvo en el lugar, ordenó que los adolescentes fueran revisados por médicos forenses. Si se confirma, que habían consumido drogas investigarán cómo llegaron a su poder. La causa quedó en manos de la fiscal Teresita Marnero.
La situación del Roca genera polémicas desde hace semanas. Todo comenzó con la muerte de un interno por una infección generalizada, hecho que llevó a los jueces Ruiz y Leonor Wexler a ordenar la suspensión del tratamiento farmacológico al que estaban sometidos los menores. Se cumplió la orden, pero los chicos comenzaron a tener problemas de conducta. El viernes, la Policía ya había tenido que sofocar un motín protagonizado por tres jóvenes.
"Esto ocurre en cualquier instituto de menores del país. Todos los internos padecen del mismo mal; son muy violentos, y el problema se agrava por su adicción a las drogas", señaló Ruiz y confirmó que los 46 adolescentes que se encuentran en el Roca, todos con causas penales, sólo están bajo tratamiento psicológico. "Si es necesario, son derivados al Obarrio y al hospital Avellaneda para reforzar el tratamiento", dijo el magistrado.
En cambio, el legislador radical José Cano se mostró preocupado. "Hemos recibido una serie de denuncias, según las cuales los chicos tienen problemas de salud", comentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y denunció que de ninguno de los internos hay historia clínica. "Se pedirá un informe para determinar qué ocurre. Sería muy importante que se explique cómo se decidió suspender el tratamiento farmacológico de manera tan abrupta", añadió el legislador.
Mientras todo esto sucedía, durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno la secretaria de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin, desmentía que hubiera habido un motín en el Roca. "No pasa nada -dijo-. Lo digo con total convencimiento".
Según informes, es posible que el joven de 17 años que estaba alojado en el Instituto Roca y falleció haya sufrido una enfermedad terminal que ataca el sistema inmunológico, a pesar de lo cual recibió medicación que provoca una baja de defensas. El muchacho, que tenía una hija de 4 meses, murió como consecuencia de una infección generalizada. Se le había diagnosticado una angina tres días antes y fue internado en el Hospital Padilla cuando el cuadro se había generalizado; falleció pocas horas después de haber sido internado.
El hecho sucedió mientras era directora del establecimiento la psiquiatra Susana Viale, quien luego renunció.
El legislador radical José Cano pidió que se investigue el caso. "Es terrible pensar que nadie haya sabido que él sufría esta enfermedad y se lo haya medicado. Aquí tiene que haber un responsable, y me refiero a funcionarios de primera línea que debían velar por su salud", explicó.
Cano dijo además que, aparentemente, al joven sólo se le había administrado un antibiótico que, dado el mal que padecía, no era el adecuado. "Todo esto se sabrá cuando se entreguen los resultados de varios informes que solicité. Este caso no puede quedar en el olvido", señaló. El fiscal Pedro Gallo espera recibir en los próximos días el informe de los estudios toxicológicos para determinar si la medicación que recibía el joven en el Roca tuvo que ver con su muerte.
Desde hace ya más de un año que, por orden de la Corte, el fiscal Alejandro Noguera investiga si el tratamiento que recibían los menores internados en el Roca era legal, y espera que un perito le envíe su opinión al respecto.
Por otra parte, aparentemente la familia del menor desistió de asumir el rol de querellante. Según dijo su abogada, lo decidió luego de que el Gobierno de la provincia les otorgó un subsidio de $ 2.000 y una casa prefabricada.
Después del desayuno, tres menores se enfrentaron con los celadores y luego con sus propios compañeros. A pesar de que el director del establecimiento, Carlos Acevedo, lo negó, varios testigos le confirmaron a LA GACETA que los revoltosos incendiaron colchones.
Según indicaron fuentes judiciales, se sospecha que los amotinados estaban drogados, motivo por el cual el juez de Menores Raúl Ruiz, que estuvo en el lugar, ordenó que los adolescentes fueran revisados por médicos forenses. Si se confirma, que habían consumido drogas investigarán cómo llegaron a su poder. La causa quedó en manos de la fiscal Teresita Marnero.
La situación del Roca genera polémicas desde hace semanas. Todo comenzó con la muerte de un interno por una infección generalizada, hecho que llevó a los jueces Ruiz y Leonor Wexler a ordenar la suspensión del tratamiento farmacológico al que estaban sometidos los menores. Se cumplió la orden, pero los chicos comenzaron a tener problemas de conducta. El viernes, la Policía ya había tenido que sofocar un motín protagonizado por tres jóvenes.
"Esto ocurre en cualquier instituto de menores del país. Todos los internos padecen del mismo mal; son muy violentos, y el problema se agrava por su adicción a las drogas", señaló Ruiz y confirmó que los 46 adolescentes que se encuentran en el Roca, todos con causas penales, sólo están bajo tratamiento psicológico. "Si es necesario, son derivados al Obarrio y al hospital Avellaneda para reforzar el tratamiento", dijo el magistrado.
En cambio, el legislador radical José Cano se mostró preocupado. "Hemos recibido una serie de denuncias, según las cuales los chicos tienen problemas de salud", comentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y denunció que de ninguno de los internos hay historia clínica. "Se pedirá un informe para determinar qué ocurre. Sería muy importante que se explique cómo se decidió suspender el tratamiento farmacológico de manera tan abrupta", añadió el legislador.
Mientras todo esto sucedía, durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno la secretaria de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin, desmentía que hubiera habido un motín en el Roca. "No pasa nada -dijo-. Lo digo con total convencimiento".
Esperan informes toxicológicos por la muerte de un joven
Según informes, es posible que el joven de 17 años que estaba alojado en el Instituto Roca y falleció haya sufrido una enfermedad terminal que ataca el sistema inmunológico, a pesar de lo cual recibió medicación que provoca una baja de defensas. El muchacho, que tenía una hija de 4 meses, murió como consecuencia de una infección generalizada. Se le había diagnosticado una angina tres días antes y fue internado en el Hospital Padilla cuando el cuadro se había generalizado; falleció pocas horas después de haber sido internado.
El hecho sucedió mientras era directora del establecimiento la psiquiatra Susana Viale, quien luego renunció.
El legislador radical José Cano pidió que se investigue el caso. "Es terrible pensar que nadie haya sabido que él sufría esta enfermedad y se lo haya medicado. Aquí tiene que haber un responsable, y me refiero a funcionarios de primera línea que debían velar por su salud", explicó.
Cano dijo además que, aparentemente, al joven sólo se le había administrado un antibiótico que, dado el mal que padecía, no era el adecuado. "Todo esto se sabrá cuando se entreguen los resultados de varios informes que solicité. Este caso no puede quedar en el olvido", señaló. El fiscal Pedro Gallo espera recibir en los próximos días el informe de los estudios toxicológicos para determinar si la medicación que recibía el joven en el Roca tuvo que ver con su muerte.
Desde hace ya más de un año que, por orden de la Corte, el fiscal Alejandro Noguera investiga si el tratamiento que recibían los menores internados en el Roca era legal, y espera que un perito le envíe su opinión al respecto.
Por otra parte, aparentemente la familia del menor desistió de asumir el rol de querellante. Según dijo su abogada, lo decidió luego de que el Gobierno de la provincia les otorgó un subsidio de $ 2.000 y una casa prefabricada.
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