Las firmas de Acosta en el registro de asistencia del colegio son falsas

Los investigadores determinaron que las rúbricas de entrada y salida del establecimiento no pertenecen a una de las detenidas por la desaparición de Betty. Todo el personal de la escuela será sometido a pericias caligráficas.

26 Septiembre 2006
Las firmas de una de las detenidas por la desaparición de la docente tucumana Beatriz Argañaraz que aparecen en el registro de asistencia del colegio Padre Roque Correa el día que ocurrió el hecho son falsas, informaron hoy fuentes de la investigación.

Las conclusiones de los expertos de la Policía Científica de Tucumán sobre los peritajes caligráficos realizados determinaron que las firmas de entrada y salida de la actual detenida Susana Acosta que aparecen en el registro el 31 de julio fueron hechas por otra persona.

Tampoco corresponden a la ex novicia apresada la firma de ingreso del 1 de octubre, pero si la que figura en la columna de salida, según confirmó Carlos Picón, abogado de la familia Argañaraz tras ser notificado hoy por la Justicia.

Las pericias caligráficas no sólo comprometen aún más a Acosta, quien está detenida junto a Liliana Fernández, sino también involucra al personal del colegio donde trabajaban ella y la docente desaparecida ya que alguien firmó el registro.

Picón adelantó que ahora solicitarán que todo el personal del establecimiento educativo sea sometido a una prueba caligráfica para determinar quien encubrió a Acosta.

La docente desapareció el 31 de julio último cuando salió de su casa rumbo al colegio Padre Roque Correa, donde trabajaba y estaba a punto de asumir como directora del establecimiento.

Desde entonces no se tienen noticia de ella y como parte de la investigación fueron detenidas Acosta y Fernández, en tanto que Julio Fernández, hermano de esta última, se encuentra prófugo de la Justicia y es buscado por la policía para que declare.

Por otra parte, Picón informó que la fiscal Liliana Giannoni le solicitará al juez Edmundo Zóttoli que agregue a la carátula el cargo de ocultamiento de personas, lo que agravaría la pena de las detenidas en caso de ser encontradas culpables. (Télam)



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